Así se establece en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), conocida hoy, que resuelve la reclamación de los padres de la pequeña, que tenía 22 meses cuando ocurrieron los hechos, en el año 2005.

Los padres reclamaban a la Administración una indemnización de un millón de euros, una pensión vitalicia de 1.200 euros, y que costeara "de por vida" todos los gastos por el tratamiento médico y rehabilitador de la niña en centros públicos o privados, tanto de España como del extranjero, así como otros gastos para su atención y para eliminación de barreras arquitectónicas.

Achacaban las secuelas de la niña a un diagnóstico tardío de la diabetes y a que, en su opinión, no fue tratada con todos los medios necesarios. Sanidad, en cambio, alegaba que no hubo retraso en el diagnóstico, que se dispensó a la niña el tratamiento adecuado y, en todo caso, que la cantidad reclamada era excesiva.

La sentencia cree que no hubo fallos en el tratamiento y reconoce que la atención prestada a la menor tras detectarse la diabetes fue "continuada y adecuada", pero subraya que hubo un "retraso" en el diagnóstico y condena al Gobierno a indemnizar a la familia.

Ahora bien, sólo estima parcialmente la reclamación. Así, acuerda una indemnización de 400.000 euros y dice que no procede "de momento" pronunciarse sobre el pago de tratamientos futuros, puesto que por ahora la menor está siendo atendida por la sanidad pública.DIAGNÓSTICO

Según se explica en la sentencia, la niña fue atendida el 28 de mayo de 2005 en las urgencias del Hospital Valdecilla porque en cuatro días sólo había hecho una deposición, pese a que le habían suministrado supositorios de glicerina y un laxante de manzana.

En esa primera visita a urgencias, los médicos le tomaron la temperatura, le realizaron una exploración abdominal y le pusieron un enema, pero no fue efectivo. Al final, le extrajeron las heces por tacto rectal, le dieron el alta y la remitieron al control por su pediatra.

El día siguiente los padres volvieron a llevar a la pequeña a urgencias y en este caso le diagnosticaron una cetoacidosis diabética. La niña fue ingresada en planta y horas después tuvo que ser trasladada a la UCI en situación de coma profundo por cetoacidosis.

Debido a la evolución que tuvo la enfermedad, la pequeña sufre una parálisis cerebral y permanece prácticamente en estado de coma. Tiene reconocida una discapacidad del 80 por ciento y necesita terapias de estimulación, rehabilitación y psicomotricidad.

El TSJC considera que una de las pruebas practicadas a la niña el primer día que acudió a urgencias (una anamnesis) debería haber permitido diagnosticar la diabetes.

A su juicio, a la vista de los síntomas que presentaba, se debería haber realizado una ampliación de esa prueba o, en todo caso, una analítica para confirmar el diagnóstico y descartar la existencia de una diabetes, que puede presentar síntomas similares. Por ello, condena a la Administración a indemnizar a la familia.