IU Extremadura exige a la Junta la "repetición" del proceso de oposición para personal del Cuerpo Administrativo

Izquierda Unida de Extremadura exigió hoy al consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura, Ángel Franco, la "repetición de las pruebas del proceso de concurso-oposición para el acceso a las vacantes de personal funcionario del Cuerpo Administrativo en la especialidad de Administración General".

Según indicó IU-Extremadura en un comunicado de prensa, el desarrollo de los ejercicios vinculados a la cobertura de estos puestos, "ha mostrado graves incumplimientos de la normativa vigente en la materia que regula el ingreso como funcionario de carrera en la Administración de la Comunidad Autónoma".

"Tanto es así que una buena parte del contenido de los ejercicios planteados por el tribunal ni siquiera forma parte del temario incluido en las bases que regulan el proceso de concurso-oposición", añadió al respecto.

En este sentido, la formación política añadió que lo anterior "se ve agravado" por el hecho de que la naturaleza de los supuestos prácticos que plantea el segundo ejercicio "no son propias de las tareas y funciones que tienen legalmente asignada la legislación" para los empleados públicos que desempeñan el puesto de administrativo.

Por todo ello, IU-Extremadura señala que "en función de lo indicado por la Ley de Función Pública de Extremadura y la bases por las que se convocan y regulan la realización del concurso-oposición para este Cuerpo, ni por el contenido de las pruebas, ni por la naturaleza de las funciones y competencias que se les exige a los aspirantes, pueden considerarse como válidos los ejercicios planteados por el tribunal".

Así, Izquierda Unida de Extremadura animó a los aspirantes en el proceso a que "presenten las impugnaciones pertinentes para la anulación de las pruebas".

En estos términos, la formación política quiso "dejar constancia de la falta de consideración y respeto" de la que "ha hecho gala el tribunal hacia el esfuerzo de los aspirantes, al plantear un proceso que no tiene en cuenta los requisitos mínimos que impone la ley y el sentido común".

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