En este edificio trabajan más de 400 empleados pertenecientes a la Delegación del Gobierno y a la Administración General del Estado, así como al Gobierno de Cantabria, a los que se suman los usuarios de los servicios que en él se prestan.
El desalojo —motivado ante la hipotética existencia de un paquete sospechoso que pudiera ser una bomba— se ha realizado tanto por la zona principal que da a la calle Vargas, como por la parte de atrás, que linda con la calle Tres de Noviembre.
Además de efectivos de Protección Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, han participado agentes de la Policía Local de Santander, que han colaborado en la regulación del tráfico en las citadas calles, informó la Delegación del Gobierno en una nota.
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