El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el titular de Industria Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, suscribieron hoy un convenio marco de colaboración para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito de la Administración de Justicia. El 'Programa Ius-Red' contará con un presupuesto de 76,5 millones y permitirá, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, sentar las bases del desarrollo tecnológico previsto en el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012.

Según explicó Caamaño tras la firma, con este acuerdo se busca "dejar atrás modelos de gestión y estructuras más propias del siglo XIX y trabajar con las técnicas de la sociedad de la comunicación". El objetivo es llegar a un modelo en el qeu prime la interoperabilidad, que permitirá a todos los juzgados "trabajar en red y en tiempo real".

El convenio, aprobado en el pasado Consejo de Ministros, establece la posibilidad de que las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia suscriban convenios de colaboración para cofinanciar actuaciones en el ámbito procesal, de interoperabilidad y de difusión. Asimismo, la Administración General del Estado financiará íntegramente las actuaciones derivadas de este convenio que se realicen en las CCAA sin competencias en Justicia.

Según explicó el Principado, Asturias se sumará a esta propuesta para desarrollar actuaciones tanto en el ámbito del Registro Civil como el en el ámbito Procesal.

A través de este programa, se procederá, entre otras actuaciones, a dotar a las salas de vistas con sistemas digitales de grabación audiovisual y videoconferencias que ofrezcan mayores servicios. También a la instalación, en las dependencias de los registros civiles, de quioscos destinados a la provisión de los servicios electrónicos de expedición de certificaciones registrales, solicitudes, consulta de trámites y cualquier otro relacionado con la actividad del Registro Civil y otros procedimientos del Ministerio de Justicia

Reunión con caamaño

Además, María José Ramos Rubiera, mantuvo esta mañana, junto con el resto de Consejeros de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de administración de Justicia, una reunión de trabajo con el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Los asistentes trasladaron al Ministro el contenido de los acuerdos adoptados en la última reunión de la Comisión de Coordinación, que celebraron en Pamplona en enero de este año, y plantearon sus principales preocupaciones respecto a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y al servicio de asistencia jurídica gratuita.

Las 11 Comunidades Autónomas que, actualmente, tienen transferidas las competencias en Justicia -Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón- valoraron la apuesta que está realizando el Ministerio por transformar la calidad del servicio público de la Justicia, concretada principalmente en el Plan de Modernización de la Justicia, pero trasladaron al Ministro la necesidad de "seguir avanzando y reforzar aún más la colaboración entre todas las Administraciones implicadas".