De este modo, la compañía solicitó esta cesión a la Gerencia del Sector Naval, tal y como estaba previsto en la hoja de ruta, acordada entre la Administración regional y los sindicatos, de manera que en el caso de que fuera concedida la empresa accedería a las ayudas al cierre de astilleros privados por parte de la Unión Europea en concepto de prejubilaciones o despidos, entre otras medidas, para paliar "la pérdida de puestos de trabajo", ya que la cesión de la licencia sería durante "un mínimo de diez años", según recordó el responsable del sindicato USO en la industria auxiliar, Servando Díaz.

No obstante, pese a que este paso estaba enmarcado en el acuerdo, el presidente del comité de empresa, Isidro García, insistió en que la Junta de Andalucía "tiene que cumplir la hoja de ruta marcada como el pago de las nóminas, o mantener la carga de trabajo durante dos años con los buques 845 y 846".

Asimismo, recordó que en la hoja de ruta se consideraba la diversificación del sector y "no se está cumpliendo", indicando además que "el próximo día 30 está prevista una nueva reunión entre los sindicatos y la Administración".

Mañana los trabajadores mantendrán una concentración en la factoría y en estos días en las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la capital onubense, y tampoco descartan recrudecer las protestas.