Así, lo explicaron hoy en rueda de prensa del portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts, Joaquim Puig; el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Rafael Rubio; y la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, para presentar esta enmienda al Proyecto de Ley de la régimen local de la Comunitat Valenciana, que se debatirá en las Cortes valencianas la próxima semana, y que conceda a la ciudad esta condición en el plazo máximo de dos años desde la aprobación de esta norma.

Al respecto, Alborch aclaró que se trata de dotar a Valencia de las competencias que le corresponden como 'cap i casal', especialamente en transporte, sanidad, educación y servicios sociales, y de una financiación adecuada para poderlas ejercer, pero sobre todo, de "organizar el trabajo" mediante una comisión mixta entre Generalitat y Ayuntamiento de gestión para lograr "una mayor eficacia y eficiencia en los recursos" públicos y privados de modo que "cada uno sepa de quién es la responsabilidad y ante quien debe reclamar".

Así, recordó que su grupo que el PSPV intentó sin éxito que este reconocimiento de la "singularidad" de Valencia se recogiese en el Estatuto de Autonomía, pero el PP rechazó en el pleno municipal extraordinario de 2005 la propuesta socialista y presentó un texto alternativo en el que se comprometían a poner en marcha cuanto antes los instrumentos necesarios para elaborar esta Carta de Municipalidad. "Pero desde 2005 hasta ahora no han hecho nada pese a que fue la propia la alcaldesa de valencia, Rita Barberá, la que dijo que quería lo mismo" en Madrid o Barcelona, reprochó.

Por su parte, Ximo Puig, respecto a posibles reticencias de Alicante o Castellón, agregó que "cada ciudad tiene su propia singularidad" y pidió al PP que "no utilice la demagogia" en este aspecto. "No se trata de que Valencia reciba más recursos pero sí que se atienda a su singularidad en beneficio de todo el país, la de la Comunitat y de la propia ciudad", sintetizó.

Problemas locales

En ese sentido, añadió que tal como está planteado el proyecto de ley "no da solución a los dos grandes problemas" por los que atraviesan los consistorios, como son el reforzamiento de la autonomía local y la financiación, por lo que si se aporbara con la actual redacción "al día siguiente no pasaría nada". "Estaríamos pero porque habríamos desaprovechado esta oportunidad", advirtió.

En esta línea, recalcó que "el mayor déficit institucional" se produce cuando no se refuerza el poder local ya que el "más cercano" al ciudadano y el que pueden lograr "una mayor cohesión social". "Donde se vive realmente la democracia es en las ciudades", proclamó Puig, quien subrayó que por ello se les debe dotar de "fuerza competencial y una capacidad adecuada de financiación" abandonando la idea "de una vez por todas del Ayuntamiento subvencionado". "Las subvenciones son para las ONG pero no para que desde el ámbito autonómico se diga a un ayuntamiento qué hacer", subrayó.

Por último, Rafael Rubio incidió en que "sería muy bueno a corto plazo que Valencia salga del 'café para todos' y tenga una ley de grandes ciudades y cifró entorno al 25 por cienot, en función de la poblaicón, los gastos impropios que realizada el ayuntamiento y que en su mayría sus conpmtencias de la Generalitat, no del Estado.