Diputación Provincial aprueba una modificación de crédito de 6,3 millones de euros para gastos e inversión

El plenario de la Diputación Provincial de Almería aprobó hoy en sesión extraordinaria y en segunda vuelta con los votos a favor del PSOE y el voto de calidad del presidente de la institución, Juan Carlos Usero (PSOE), una modificación de crédito de los presupuestos de 2010 de 6.381.424 millones de euros destinados, en gran parte, a gasto y también a inversión.
Fachada De La Diputación De Almería
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El plenario de la Diputación Provincial de Almería aprobó hoy en sesión extraordinaria y en segunda vuelta con los votos a favor del PSOE y el voto de calidad del presidente de la institución, Juan Carlos Usero (PSOE), una modificación de crédito de los presupuestos de 2010 de 6.381.424 millones de euros destinados, en gran parte, a gasto y también a inversión.

Durante el pleno, el diputado provincial del PP, Manuel Alías, quien realizó las funciones de portavoz, llevó una enmienda a la medida en la que propuso destinar 387.216 euros de esa partida a crear un plan de apoyo a los ayuntamientos de la provincia para el pago de facturas eléctricas debido a las "dificultades" por las que atraviesan estas administraciones municipales.

Así, la propuesta de los 'populares' pretendía que esa cuantía, destinada al pago de gastos protocolarios, institucionales y de medios de comunicación, sirviera para dar apoyo financieros a los consistorios de la provincia en lugar de para, según él, "darse autobombo" desde la institución provincial.

No obstante, la intervención del diputado provincial de IU, Antonio Romero, —quien se abstuvo junto con PAL en las votaciones—recondujo el debate iniciado por los populares al advertir que las partidas que se debatían habían sido aprobadas anteriormente en un pleno celebrado en el mes de febrero a través del sistema extrajudicial de crédito y que los gastos procedían de facturas atrasadas de 2009.

En la misma línea se expresó el vicepresidente de la Diputación y portavoz del PSOE, quien añadió en el debate que cerca de 3.250.000 euros se dirigen a rebajar la financiación mediante enajenaciones y defendió la "legalidad" de sus actuaciones, al haber sido promovidas antes de los acuerdos suscritos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) relativos a la austeridad de las administraciones.

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