En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP en el Consistorio hispalense y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, explicó que elevarán al Pleno del próximo viernes una moción para proponer la convocatoria "urgente" de un consejo de administración para dar efectivo cumplimiento al despido disciplinario de Ponce.

Así, consideró una "vergüenza" que Ponce, "imputado en dos causas penales, responsable de la situación de quiebra de la empresa y de la gestión fraudulenta, siga trabajando en Mercasevilla cobrando casi 6.000 euros", además de insistir en que "hay que hacer todo lo posible para evitar a la empresa dar una prejubilación de oro al máximo responsable del escándalo".

Para Pérez, el despido declarado improcedente fue "una trampa" para que "pudiera acogerse un mes después de ser readmitido en Mercasevilla al ERE negociado por él mismo", por lo que aludió a un posible "pacto de silencio con una cláusula oculta" y criticó que Ponce, al igual que el ex director Fernando Mellet, "valen su peso en silencio".

Del mismo modo, puso de manifiesto la "clara falta de esfuerzo probatorio por parte de Mercasevilla" en el anterior proceso de despido y aclaró que "sí es posible iniciar un nuevo procedimiento de despido, es perfectamente viable y absolutamente necesario en la lucha por la dignidad democrática".

En este sentido, argumentó que existen "dos hechos acontecidos recientemente", como son la imputación de Ponce en la rama del caso Mercasevilla que investiga la presunta venta ilegal y fraudulenta de suelos de Mercasevilla y el contenido del informe presentado por el consejero apoderado de la empresa, Alfonso Mir, en el último consejo de administración sobre las razones de la decisión de encargar informe de auditoría de estados financieros intermedios en lugar de ampliación del informe de procedimientos acordados.

En dicho documento, se destaca que la anterior dirección "alteró las cuentas de la entidad para mostrar tanto al consejo como a sus accionistas y a los terceros que con ella contratan una imagen que no se corresponde con su verdadera situación financiera y patrimonial ocultando contingencias de enorme gravedad".

Por otro lado, añadió que el delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, imputado por su presunta implicación en el caso del intento de cobro de comisiones ilegales, "sabe muchas cosas", por lo que criticó que sea mantenido en su cargo incumpliendo el "código ético" socialista. Por tanto, consideró que "Rivas es cuestión de Estado para el PSOE", ya que "tendría que estar dimitido, porque está en el epicentro del escándalo de Mercasevilla".