Oposición de Cartaya asegura que el propietario de Hiconsa "confirma" hechos de presunta corrupción

El administrador único de Hierros y Construcciones de San Juan del Puerto (Hiconsa), Juan Márquez Rodríguez, confirmó esta mañana en su declaración ante el juez como presunto imputado en el caso Hiconsa, "varios de los hechos denunciados por la oposición municipal de Cartaya", sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos cercanos al centro de la localidad, en la barriada de El Almendral.

Según informó la oposición —conformada por el PP, IU, PA y un edil no adscrito— en un comunicado, aunque Márquez se ha negado a responder a las preguntas del abogado de la oposición, José Carlos Hernández Cansino, de su explicación ante el juez y el fiscal "se desprende que existió una estrecha relación entre Hiconsa, el arquitecto denunciado, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y, sobre todo, el primer teniente de alcalde, Miguel Novoa, y su esposa". Todos ellos también imputados en este caso de posible corrupción urbanística.

De lo actuado hasta ahora por el juez "se confirma la sospechosa relación entre todos los imputados", por lo que la oposición considera que "hay materia más que suficiente para que se abran nuevas diligencias que profundicen la investigación".

Los denunciantes aseguraron que ha quedado también probado que Novoa y su esposa "construyeron su vivienda, proyectada por el arquitecto denunciado y obra que realizó Hiconsa, a pesar de los informes desfavorables de los servicios técnicos municipales por incumplir la normativa urbanística vigente en ese momento a exceder en volumetría e invadir parte del viario público".

Además, la declaración de Márquez confirma que Novoa y su esposa "no han pagado la totalidad del presupuesto de la vivienda pactado con Hiconsa, que ascendió a 371.000 euros", indicando además que la declaración de hoy "prueba que Novoa no ha pagado a Hiconsa 138.000 euros, sin que esté justificado a qué se debe ese impago".1,3

Millones de euros

Otro hecho probado tanto con la declaración de hoy como con las de los demás imputados es que la adjudicación de los aprovechamientos urbanísticos que correspondían al Ayuntamiento, que ascienden a 1,3 millones de euros, "se hizo directamente a Hiconsa, sin que mediase licitación pública alguna o se ofreciese a otros propietarios del suelo a desarrollar".

Esos aprovechamientos urbanísticos fueron valorados por el arquitecto denunciado, quien, como ha quedado probado, "trabajaba a mismo tiempo para Hiconsa, para el Ayuntamiento en el desarrollo de los terrenos situados en la barriada de El Almendral, y para Miguel Novoa y su esposa, en la construcción de su chalé".

Una valoración alternativa hecha por un arquitecto para la oposición estima en 4,4 millones de euros esos aprovechamientos, es decir, que Millán y Novoa "le habrían perdonado a Hiconsa nada menos que 3,1 millones de euros de todo el pueblo de Cartaya".

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