En una conferencia pronunciada en el Club Antares, Raventós, que precisó que el Grupo SAR nació como un proyecto de iniciativa privada en 1992 y en la actualidad da servicio a 121.000 personas anualmente, emplea a más de 6.000 profesionales y una inversión acumulada de 220 millones, se lamentó de que "no exista un marco claro y estable de actuación entre los actores implicados".

Asimismo, lamentó que la necesaria colaboración público-privada "se ve además dificultada por las tarifas de concertación actuales, no acordes al coste real de los servicios" y agregó que el hecho de que la reivindicación del sector de tener un IVA súper-reducido "sea cuestionada o se quiera aplicar solamente a los servicios concertados con la Administración, tampoco contribuye a generar confianza entre la iniciativa privada".

En su conferencia sobre 'La actuación de una empresa ante el reto que supone el cambio demográfico', Raventós apuntó que el cambio demográfico y el progresivo envejecimiento de la población "es ya una realidad en los países occidentales, y ello tendrá un profundo impacto no sólo sobre la economía, sino también sobre el Estado de Bienestar y su sostenibilidad".

Este empresario, que apuntó conceptos como "eficiencia" en la gestión de los "limitados" recursos públicos existentes, consideró que la eficiencia y eficacia "pasa inexorablemente por la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para dotar a los ciudadanos de una oferta de productos y servicios de calidad que cubra sus necesidades de atención".

En ese sentido, a su juicio, esa colaboración "no puede ser a corto plazo, sino que es necesario definir un marco claro de distribución de responsabilidades entre todos los actores de la sociedad", de forma que corresponde a la Administración "planificar las necesidades y los recursos, acreditar, supervisar, inspeccionar y en caso necesario, sancionar", la iniciativa privada es "responsable del desarrollo y gestión de la oferta de servicios, de la inversión e innovación" y el ciudadano "también es corresponsable, y le corresponde ejercer sus derechos pero también tener presentes sus obligaciones".

Asimismo, tras augurar que la tasa de dependencia de las personas mayores "crecerá notablemente en España en los próximos años, de forma que si hoy en España hay cuatro personas en edad activa por cada persona mayor, en 2049 sólo habrá 1,7 personas en edad activa por cada persona mayor", consideró que esa nueva realidad "generará tensiones en el Estado del Bienestar y en concreto en sus pilares de pensiones, sanitario, política social y atención a la dependencia".

Incumplimientos en la ley de dependencia

En ese sentido, lamentó que la Ley de Dependencia en 2007 "más de tres años después de su entrada en vigor, no está cumpliendo con las expectativas y la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está en duda".

Asimismo, consideró que "no hay que confundir un servicio de garantía pública con la prestación del servicio por entidades públicas, ya que ese mismo servicio puede ser prestado por la iniciativa privada con mayor calidad si cabe y a un coste menor", tras lo que agregó que "el coste de una residencia pública es tres veces mayor que el coste de una residencia privada, el absentismo laboral es mayor en una residencia pública".

Lamentó que esas "ineficiencias" las paga "el contribuyente", tras lo que agregó que las estadísticas oficiales "indican que la cohesión social y territorial no se está garantizando en la implantación del sistema" y lamentó que los criterios de valoración, emisión de dictámenes y asignación de prestaciones "no son homogéneos entre las comunidades autónomas", de forma que en Andalucía "la población reconocida como gran dependiente supera las estimaciones del Libro Blanco de la Dependencia en un 280 por ciento".

Además lamentó que el ritmo de avance desde la recepción de solicitudes hasta la asignación de prestaciones "es muy desigual entre las comunidades autónomas".

Asimismo, consideró que "el principio de calidad y profesionalidad que promulga la Ley no se está cumpliendo y existe un claro predominio de las prestaciones al cuidador familiar, prácticamente el 50 por ciento del total de prestaciones, cuando la Ley se había definido como una Ley de Servicios y las prestaciones económicas al cuidador familiar como excepcionales". Agregó que el número de estas prestaciones "triplica el número de altas a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales".

A su juicio, prestaciones al cuidador familiar "no favorecen el desarrollo de nuestro sector, con un gran potencial para generar empleo estable y no deslocalizable, al tratarse de puestos de trabajo intensivo".

Agregó que "tampoco se está garantizando el derecho de los ciudadanos a elegir libremente los centros residenciales, lo que favorecería la competencia y la mejora de la calidad", tras lo que criticó la "indefinición del Acuerdo de Acreditación, que no permite garantizar un nivel de calidad homogéneo".

En peligro el sistema de financiación

Asimismo, alertó de que las comunidades autónomas "han hecho público en repetidas ocasiones desde la puesta en marcha de la Ley que no existe la financiación suficiente para la misma", de forma que "la sostenibilidad futura del sistema pasa por la participación de los beneficiarios en la financiación de los servicios".

En su opinión, la sostenibilidad futura de este sistema "es un problema de recursos económicos pero sobre todo de modelo", tras lo que criticó la "escasa coordinación sociosanitaria" en el sistema de dependencia que permita "optimizar los recursos", toda vez que la atención a la dependencia "sigue enmarcándose dentro del ámbito de los servicios sociales, pero tiene un importantísimo componente sanitario que no debe obviarse".

Precisó que las necesidades de las personas en situación de dependencia "son de atención social, de atención sanitaria y de hospedaje", por lo que, a su juicio, en España "debería existir un módulo sanitario financiado por Sanidad en los servicios de atención a la dependencia", tras lo que consideró "absolutamente necesario" optimizar la gestión de medicamentos y productos farmacéuticos en centros residenciales para garantizar el derecho a la prestación farmacéutica a los residentes.