En su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, que se prolongó durante hora y media, el testigo recordó que vendió los solares por seis millones de euros, y señaló que sobre ellos ya pesaba un plan parcial que permitía urbanizarlos.

En concreto, fueron incluidos en la ART de Alcúdia, y se da la circunstancia de que los compradores se encuentran imputados dentro de este procedimiento.

Tras la declaración arrancó la del ex jefe de Servicios Generales del Consell de Mallorca y ex conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt, quien también ha sido citado como testigo.

Por su parte, el ex vicepresidente insular Miquel Nadal llegó a los Juzgados de Vía Alemania en torno a las 12.05 horas para prestar declaración dentro del mismo caso, y tras su comparecencia será el turno del ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, actualmente en prisión cumpliendo condena por el caso Andratx.

Todos ellos deben aclarar la supuesta intervención que tuvieron durante la redacción del PTM, norma urbanística que salió adelante en la pasada legislatura, concretamente en 2004, con los votos favorables de PP y UM y en contra de la oposición por no estar de acuerdo con la figura de las ART contempladas en el Plan.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía anticorrupción en la que involucra al ex portavoz de UM en el Parlament y ex conseller insular de Ordenación del Territorio, Bartomeu Vicens, al portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, al promotor y propietario del grupo inmobiliario Ibercon, Mateu Sastre, al hermano de éste, Cristòfol Sastre, y al dueño del Grupo Drac y ex presidente del RCD Mallorca, Vicenç Grande.

Tráfico de influencias,

Información privilegiada y prevaricación

En ella, el Ministerio Público observa indicios incriminatorios en la compraventa de solares en las ART- como son las de Marratxí, Campos, Sóller, Pollença y Alcúdia- que, con la aprobación del Plan Territorial, permitían acometer recalificaciones de determinados terrenos bajo el pretexto de preservar en otros enclaves de Mallorca parajes interesantes desde el punto de vista medioambiental o zonas degradadas que debían ser rehabilitadas.

Es por ello que el juez investiga si pudieron cometerse varios delitos -tráfico de influencias, información privilegiada y prevaricación- por parte del anterior equipo de gobierno del Consell, dirigido por UM con el apoyo del PP, mediante la filtración de información privilegiada para beneficiar a importantes promotores de la isla mediante la recalificación de terrenos de su propiedad previamente acordados en las reuniones previas que habrían mantenido PP y UM.