En la actualidad, alrededor de 150 trabajadores del Servicio Común de Actos de Comunicación (SCAC), encargados de estos repartos en la provincia de Valencia, "padecen esta situación", lamentó Cervera. De ellos, unos 50 realizan su labor en los 17 partidos judiciales, y los otros 100 están en Valencia capital.
Su trabajo consiste en repartir notificaciones, citaciones y requerimientos a domicilio, lo que significa que están "todo el día" entregando papeles, sobre todo los que están adscritos al cuerpo de auxilio y de gestión, que son la inmensa mayoría de los que pertenecen al SCAC. El resto se encarga de repartir colocando los documentos en los casilleros.
Estos trabajadores, que en la práctica son como mensajeros, carecen del equipo de protección individual —denominado EPI—, que consiste en chubasquero, pantalones impermeables o botas. De esta manera, criticó que si cae un temporal, graniza u ocurre cualquier contingencia meteorológica, "se encuentran indefensos". Además, sólo pueden recurrir al taxi cuando tienen que repartir fuera de la localidad cabecera del partido judicial.
Ante esta situación, por su parte, Inspección de Trabajo también ha enviado un escrito a la Conselleria de Justicia pidiendo lo mismo que CSI·F, es decir, que se dote de material de protección a los trabajadores de este servicio.
Cervera explicó que la dirección general de la Conselleria de Justicia les indicó que no entendían que se tuviera que dotar de este equipo a los funcionarios, puesto que los días de lluvia o mal tiempo "eran puntuales", según comentó. Sin embargo, dijo que la Ley de Prevención de Riesgos "así lo establece".
"Son compañeros —agregó— que diariamente y durante toda la jornada están en la calle y tienen derecho a disponer de un equipo de protección adecuado". Así, señaló que la obligación de la conselleria es "facilitar este equipaje de trabajo", insistió.
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