Las 20 personas que ayer se encontraban en el edificio son inquilinos que ya fueron desalojados el sábado. Los técnicos precisaron que las deficiencias no están relacionadas con el derrumbe en la calle Cavallers.

La mayoría del centenar de vecinos desalojados el pasado fin de semana ya se habían negado a volver a su piso antes de que se produjera el nuevo desalojo. Ponían como ejemplo los episodios del barrio del Carmel, en Barcelona, para no fiarse de las garantías que les daban.

Los mismos que ahora garantizan la seguridad de sus viviendas «son los que no atendieron nuestras quejas cuando avisamos de lo que sucedería», criticaron.

Cerca de 90 afectados mostraron ayer su nerviosismo en la reunión celebrada en la Paeria, cuando el Consistorio les comunicó que podían volver a casa. Muchos mostraron las nuevas grietas que han aparecido en sus viviendas, por lo que se negaron a volver a sus hogares.

Acciones legales

El Ajuntament de Lleida, a través del alcalde, Àngel Ros, informó ayer que el Consistorio abrirá un expediente administrativo para determinar las causas del derrumbe del edificio. Ros admitió que iniciarán las acciones legales pertinentes «para pedir responsabilidades sobre lo que ha sucedido». El Ajuntament no se presentará como acusación particular, según algunos de los afectados, porque puede ser imputado.