El dirigente 'popular' se expresó en estos términos en un comunicado después de que la Delegación de Gobierno remitiera ayer sendos requerimientos a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Valencia para que procedieran al "inmediato, exacto y completo cumplimiento" de la orden del Ministerio de Cultura que declaró que la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (PEPRI) "perjudicaba los valores culturales" del barrio de El Cabanyal, por lo que debía "suspenderse toda actuación de ejecución de dicho plan".

En respuesta a este requerimiento, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, en representación del Ayuntamiento, envió hoy un escrito a la Delegación de Gobierno en el que manifiesta que los Servicios Jurídicos Municipales consideran el requerimiento "absolutamente ilícito" y lo califican de "pirueta jurídica".

"Los nervios y la presión de la vicepresidenta primera del Gobierno, Mª Teresa Fernández De la Vega, llevan al delegado de Gobierno a precipitarse, a abusar de su poder y a cometer una ilegalidad exigiendo al Ayuntamiento una paralización de actuaciones que no le compete", añadió Grau.

El edil 'popular' señaló que con esta acción la Delegación de Gobierno "está tratando de intimidar al Ayuntamiento con falsedades y saltándose a la torera la legalidad vigente", ya que, en su opinión, "saben perfectamente, y si no lo saben es que padecen una ignorancia jurídica preocupante, que sólo cuando sea admitido a trámite el recurso, si es que finalmente lo admite el Constitucional, y publicado en el BOE, es cuando se paralizarían las actuaciones en el PEPRI".

Alfonso Grau consideró este requerimiento como "un abuso de poder". y añadió que se trata "de una nueva artimaña legal injustificable, consecuencia del ataque de nervios que sufre el delegado del Gobierno, quien se siente cada vez más acuciado por la vicepresidenta De la Vega, que seguramente debe estar presionándole para que actúe como lo está haciendo, de forma ilegal, autoritaria y con engañifas impropias de un político democrático".

"Es muy grave —prosiguió— que el delegado del Gobierno pretenda asumir un protagonismo legal que no le corresponde". "Su actitud, pretendiendo ordenar al Ayuntamiento paralizar las actuaciones del PEPRI, es propia de regimenes totalitarios, porque ni él, ni la vicepresidenta del Gobierno, pueden dictar una instrucción que compete exclusivamente al Tribunal Constitucional".

El primer teniente de alcalde declaró, por último, que "Peralta ha dicho públicamente que los tribunales son los que dan validez o no a las actuaciones y, por ello, estos días ha dado ordenes a la Policía para que se cumpliera la legalidad. Pues bien, ahora estamos ante la misma situación, no se puede parar nada si no hay un pronunciamiento del Constitucional, y tratar de hacerlo, como lo ha hecho el delegado del Gobierno, entiendo que muy presionado por la vicepresidenta, sólo demuestra su nerviosismo y su concepción torticera de la Ley", concluyó.