AVE, en un comunicado, tildó de "inaceptable" que el proyecto de texto estatutario castellanomanchego, cuyo dictamen fue aprobado ayer, jueves, "siga haciendo referencia, de forma implícita o explícita, a reservas hídricas y a caducidad de trasvases que ponen en peligro la garantía de suministro de agua a varias regiones de España, entre ellas, a la Comunitat Valenciana".

Asimismo, la patronal destacó que es "urgente, inaplazable y prioritario" que se alcance un Pacto de Estado en materia hídrica en España que, según esta asociación empresarial, "debe fundamentarse en criterios técnicos, científicos y de sostenibilidad, abandonando los intereses partidistas y territoriales.

Además, manifestó que debe "producirse entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y con participación de todas y cada una de las comunidades autónomas, sin exclusiones, prejuicios ni posturas apriorísticas" y "tener en cuenta que el agua es un bien de todos los españoles, escaso y al que todos tenemos derecho".

AVE consideró "necesario" que la clase política española, en general, y los gobernantes, en particular, "asuman su responsabilidad y aparquen cualquier modificación legislativa que afecte o pueda afectar en el futuro a los recursos hídricos de nuestro país, hasta que se alcance dicho Pacto de Estado en materia hídrica".

Del mismo modo, la patronal se reafirmó en lo que afirmó en su documento 'Agua y Estatutos de Autonomía. El caso castellano-manchego', donde manifestó que "no es de recibo que cada comunidad autónoma pretenda legislar en beneficio propio en una cuestión tan vital y sensible, sin tener en cuenta las necesidades y problemáticas de las regiones vecinas y olvidando que el agua es un bien de y para todos los españoles".

Para AVE, "el sistema hidrológico español sólo puede gestionarse de forma razonable por el Gobierno de la nación" y, a juicio de la patronal, "existen sólidas razones jurídicas y técnicas que hacen inviable la aplicación de esta reserva".

La asociación de empresarios manifestó que los distintos intentos de regulación de los asuntos hídricos por varias comunidades autónomas, "además de infringir la vigente legislación, están generando una tensión entre territorios que debe ser atajada de inmediato".

Por ello, consideró que el Gobierno central "debe tomar cartas en el asunto de forma decidida y urgente y gestionar el sistema hidrológico español, como dicta la Constitución, garantizando el reparto justo y equitativo de los recursos hídricos y el acceso a los mismos por parte de todos los españoles".