El primer teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, reiteró hoy, como el equipo municipal de gobierno ha señalado en los últimos días, que los derribos llevados a cabo en El Cabanyal-Canyamelar están "amparados absolutamente por la legalidad" y son "absolutamente legales". Estas demoliciones se acometen dentro del desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio.

Grau manifestó también de nuevo el "respeto" que el consistorio y el gobierno local han mostrado "siempre, escrupulosamente", a los tribunales y a las decisiones de los jueces. "Llevamos once años así", apuntó, además de indicar que si los tribunales deciden paralizar alguna de estas demoliciones —que se realizan fueran del ámbito declarado Bien de Interés Cultura (BIC), destacó—, acatará la resolución. "Si el tribunal suspende todo, pues suspende todo", dijo.

El responsable municipal hizo estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció junto al también teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, para hablar de los hechos sucedidos esta semana en El Cabanyal durante la ejecución de los derribos contemplados en el PEPRI.

Se pronunció de este modo ante la decisión que hoy tomó el Consejo de Ministros para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Generalitat valenciana de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia que avala el PEPRI de El Cabanyal, con el fin de que esta norma sea suspendida.

Por lo que se refiere a las licencias de derribo ejecutadas esta semana en este barrio dentro del PEPRI, Alfonso Grau sostuvo que las cinco que se habían otorgado —correspondientes a cuatro inmuebles— se han llevado a cabo. Señaló que hay en trámite nuevas licencias de demolición de "edifico municipales" aunque no precisó el número y explicó que si se otorgan antes de que se pronuncien los tribunales, se cumplirán.

No obstante, Grau insistió en que se respetará cualquier decisión judicial y aseguró que son los tribunales quienes tienen competencia para paralizar las demoliciones, como también apuntó hoy el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.

Por su lado, Domínguez destacó que las casas demolidas esta semana en este barrio son propiedad del Ayuntamiento que, según dijo, como hace cualquier propietario "particular" puede, si quiere y con la correspondiente licencia, derribar los inmuebles de los que es dueño. Agregó que el consistorio adquirió las casas de las que es propietario "hace tiempo" y "de mutuo acuerdo con loa anteriores propietarios" y precisó que se trata de "viviendas viejas que están fuera del ámbito BIC y protegido".

Grau, que mostró fotografías de las fachadas de las casas derribadas estos días, resaltó también, tras las palabras del edil de Seguridad Ciudadana, que "no están protegidas ni en el ámbito protegido" e ironizó que ésas son "las joyas" que la portavoz del PSPV en el consistorio, Carmen Alborch, y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, "protegen como algo propio y sin lo cual la historia de Valencia perdería su razón de ser".

Miquel Domínguez criticó que "no pasa nada" cuando un particular tira, con la debida licencia, un edificio suyo y que, por contra, se produzcan los hechos que se han visto esta semana cuando lo hace la administración local en las mismas condiciones. Grau estimó, en este sentido, "normal" que "el Ayuntamiento actúe como quiera con sus propiedades" y resaltó que "la zona no BIC —en la que se actúa, insistió— no es competencia del Ministerio de Cultura".

"grave ignorancia"

Por ello, el primer teniente de alcalde rechazó el requerimiento que Peralta remitió el miércoles al Ayuntamiento para que cumpla la orden del Ministerio de Cultura, que considera expolio el PEPRI y ordena su paralización, y para que se abstenga "de llevar a cabo" esta intervención, al tiempo que censuró la "grave ignorancia" del delegado del Gobierno. Explicó que la orden ministerial sólo afecta "al ámbito BIC y no a todo el PEPRI, que abarca un ámbito infinitamente superior a la zona protegida".

Por otro lado, el edil de Seguridad Ciudadana comentó que si "alguien ha usado la violencia desde el principio" en El Cabanyal, por lo que respecta a la ejecución del PEPRI, es "la Plataforma Salvem El Cabanyal y los que los apoyan". Así, se refirió a los "concejales del PSPV" en el consistorio valenciano y a "los diputados de Esquerra Unidad (EU)" que esta semana mostraron su oposición a los derribos de este barrio.

Consideró que "todos son responsables de esa violencia" a pesar de que la "responsabilidad" de los ediles y de los parlamentarios "es acallar a los violentos", sostuvo. Miquel Domínguez opinó que "si alguien ha de dimitir son los concejales del PSPV y los diputados de EU, y la primera Alborch" por estar "al frente de los ataques violentos contra una actuación legal hecha por el Ayuntamiento", dijo respecto a los derribos.

Aludió así a la petición que esta mañana hizo la portavoz municipal del PSPV para que él sea apartado de sus funciones, como responsable de la Policía Local, por su actuación "arbitraria, desproporcionada, sectaria y coactiva" en El Cabanyal ante las demoliciones.

Por su lado, Alfonso Grau también censuró la violencia registrada esta semana con motivo de los derribos y defendió la actuación policial, como hizo Peralta, para evitar que se convirtieran en "un problema de desorden público".

"para especular"

Lamentó que Salvem El Cabanyal no respete la decisión de las "urnas", en alusión al respaldo electoral del PP y del PEPRI, y que su única ley sea "la del embudo", además de afirmar que la "violencia" mostrada por la plataforma "no es nada nuevo" y que ya se daba en 1999, cuando comenzó a gestarse el PEPRI. Criticó que éstos sean los "ciudadanos pacíficos y respetuosos" a los que "Alborch y Sinde dan apoyo".

Asimismo, Grau indicó que Faustino Villora, miembro de la plataforma y anterior portavoz, y su familia, han comprado casas de El Cabanyal afectadas por el PEPRI. Apuntó la posibilidad de que lo hagan "para especular", dado que las compran a un precio inferior del que se paga después por su expropiación, explicó mientras mostraba documentos del Registro de la Propiedad para acreditar dichas compras.