La Junta de Andalucía se ha adherido a la demanda elevada a la Audiencia Nacional por la representación procesal de la madre biológica de Iván y Sara, Carmen Fernández, ya fallecida, al objeto de solicitar a la Administración central de Justicia el abono de tres millones de euros al entender que se produjo un daño "efectivo" a la madre y por la "dilación excesiva" del procedimiento judicial.

Hay que recordar en este sentido que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el recurso de amparo que la Junta de Andalucía interpuso en su día contra el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que le condenaba al pago de una indemnización de 1,7 millones de euros a la madre biológica de los Iván y Sara, menores de edad en el momento de los hechos.

En este sentido, el abogado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, compareció hoy ante un grupo de periodistas y recordó que, a instancias de Carmen Fernández, decidió iniciar un procedimiento ante la Audiencia Nacional, pero tras su fallecimiento los herederos fueron llamados para ver si querían continuar con el mismo, decidiendo Sara continuar, mientras que Iván, al estar tutelado por la Junta, debía pronunciarse a través de la Administración.

De este modo, el 28 de mayo de 2009 el letrado Gabriel Velamazán planteó una demanda ante la Audiencia Nacional en la que reclamaba al Ministerio de Justicia el abono de tres millones de euros "por su parte de culpa" en este asunto concreto, "tanto por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como por las dilaciones" producidas en un procedimiento iniciado en septiembre de 1996.

Petición subsidiaria de 117.000 EUROS

Según explicó el letrado, el pasado día 15 de julio de 2009 la Junta de Andalucía, como tutora legal de Iván —ahora ya mayor de edad, por lo que "lo previsible" es que la Junta "se retire"— se adhirió a la demanda presentada por Sara, aunque si bien la Junta solicita el abono de tres millones de euros, también pide de forma subsidiaria el pago de 117.320 euros, una cantidad ésta última que ha sido solicitada "basándose para ello en el baremo de los accidentes de tráfico", aunque Velamazán recordó que la doctrina del Tribunal Constitucional "dice que este baremo sirve para los accidentes de tráfico pero no para otros temas".

Respecto a la demanda presentada por la Administración autonómica, el letrado señaló que en la misma, tras hacer un relato de los hechos acontecidos desde septiembre de 1996, la Junta se refiere al "indebido funcionamiento, motivado por la dilación excesiva del procedimiento", y a la "existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente provocado" a Carmen Fernández".

La Junta también indica en su demanda que "la acreditación de esta circunstancia, que es de carácter fáctico, se llevó a cabo en el expediente administrativo previo", y apunta además "a la relación de causalidad entre el daño causado a la señora Carmen Fernández y el funcionamiento de la Administración de Justicia", y a "la dilación excesiva del procedimiento judicial seguido para la impugnación de las medidas de protección adoptadas en relación con sus hijos".

"gravísima contradicción" de la junta

Tras exponer los hechos, el letrado aseveró que se trata de "una nueva y gravísima contradicción" de la Junta de Andalucía, ya que tras las resoluciones de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla estableciendo el pago de una indemnización, la Junta "salió en tropel manifestando, primero, que no iban a recurrir, y luego recurrieron y pidieron al Tribunal Constitucional la suspensión de la entrega del dinero". "¿Por qué reclaman, ahora, contra el proceder de la Administración de Justicia?", se preguntó.

En esta línea, aseveró que la Junta "ha recurrido de carambola, pues no lo hicieron cuanto tuvieron que hacerlo", y explicó que, "si por la Junta fuera, la posibilidad de reclamar habría prescrito, pero ahora se montan en la reclamación iniciada por la fallecida tras el tortuoso calvario de la misma", al tiempo que consideró que, "si reclaman contra la Administración de Justicia, es porque se supone entienden que ha actuado mal".

De esta forma, cuestionó que, "si es así, por qué no recurrieron años atrás, como Carmen Fernández, porque si ella no hubiera reclamado, la Junta se habría quedado fuera de plazo y sin posibilidad alguna para reclamar, haciendo flagrante dejación del derecho de los andaluces a reclamar contra lo que les parece, también a ellos, un irregular proceder, ahora de la Administración de Justicia".

La abogacía del estado se opone

Gabriel Velamazán, quien precisó que en este procedimiento, además de la Junta y de Sara Fernández, está personada la Abogacía del Estado —"que se opone" a la postura mantenida por las dos primeras—, instó a la Administración autonómica "a crear, de una vez, un turno de psicólogos y de trabajadores sociales que puedan apoyar a las personas afectadas en temas de protección de menores".