Sánchez de León se pronunció en estos términos al inicio de la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras conocer que el Ejecutivo estatal acordó en el Consejo de Ministros de hoy presentar un recurso ante el TC para que la norma autonómica sea suspendida.

Al respecto, sostuvo que el Ejecutivo estatal no habría adoptado esa medida "con una ley catalana o con un plan urbanístico catalán" y señaló que "los valencianos nos preguntamos por qué esta constante del Gobierno de Rodríguez Zapatero de perjudicar los intereses de la Comunitat Valenciana, bien sea quitándonos el agua o bien sea recurriendo leyes autonómicas que buscan solamente el desarrollo económico y la prosperidad de nuestra tierra", dijo.

Además, la portavoz del Gobierno valenciano culpó al Ejecutivo estatal de los altercados registrados esta semana entre la Policía y los vecinos que intentaban impedir los derribos en El Cabanyal, dado que, en su opinión, se trata de "una responsabilidad política del Gobierno central" porque "están impidiendo y frenando el desarrollo de nuestra ciudad en este barrio".

Preguntada por la actuación de la Policía Nacional en el día de ayer, Sánchez de León insistió en que "hay una responsabilidad importante del Gobierno de la Nación en estos altercados que se están produciendo en el barrio de El Cabanyal" y remarcó que lo sucedido "merece, cuanto menos, una reflexión en torno a este tema".

"atacando gravemente a los valencianos"

En la misma línea, criticó que el Ejecutivo estatal "está perjudicando gravemente y atacando gravemente a los valencianos impidiendo el desarrollo de un plan", en alusión al PEPRI, que "responde absolutamente a la legalidad y que estaba confirmado por sentencias judiciales en varias instancias y en varias ocasiones por los tribunales".

"Nos hemos sentido agredidos en la vulneracion del desarrollo de ese plan, prohibiendo después su ejecución con una orden ministerial", aseveró la portavoz, quien recalcó que en la situación de tensión que vive actualmente el barrio valenciano, "hay una responsabilidad clara e imporante por parte del Gobierno central, que ha actuado de forma absolutamente irresponsable por tomar una decision política contra esta comunidad", concluyó.