Para los ecologistas, es "incomprensible que en pleno siglo XXI, el Govern dé el visto bueno a un decreto ley que deja atrás normas anteriores" y que "hace excepciones a la situación general" al permitir edificar en urbanizaciones que no tienen los servicios urbanísticos mínimos.

El GOB señala que este decreto ley supone otra excepción a la normativa urbanística vigente. En este sentido, apunta que la Ley del Suelo estatal, la Ley de Medidas Urgentes o el propio Plan Territorial marcan que para poder otorgar licencias hace falta disponer previamente de todos los servicios básicos (luz, agua, acceso rodado y alcantarillado).

"En unas islas que quieren ser punteras en materia turística y en materia ambiental, no tiene ningún sentido dar pasos atrás como éste, que nos sitúa a principios del boom turístico", señalan los ecologistas.

El GOB indica que la excusa del Govern para llevar a cabo esta normativa es la dinamización económica, que se enmarca en el decreto ley para el impulso de la economía que reza que "En un contexto de medidas para el impulso de la economía, la posibilidad de otorgar licencias a estos ámbitos será motivo de dinamización de las empresas de un sector especialmente castigado por la crisis".

"Un estímulo, sin embargo, que tiene todas las garantías ambientales, dado que la previsión sólo afecta a sectores con uso predominante residencial y de tipología unifamiliar y siempre habrá un control ex ante de la administración competente en materia hídrica. Y un estímulo que, sobre todo, se vincula a una voluntad que se proceda a la dotación oportuna de las infraestructuras urbanísticas", prosigue el decreto.