De esta forma, en un comunicado de prensa, la Administración regional negó las declaraciones realizadas por la madre del menor en las que asegura que su hijo recibió malos tratos durante su estancia en dicho centro.

La Junta defendió la "profesionalidad" de los trabajadores del centro. Además, aclaró que "el menor, durante los días en los que ha permanecido en el centro, se estaba adaptando bien a las normas de convivencia y no se produjo ningún incidente en su comportamiento con los otros internos y el personal del centro".

Por otra parte, añade, el equipo de profesionales había establecido las pautas a seguir para su seguimiento y observación.

"En estos momentos, la preocupación de la Junta de Extremadura es la recuperación del joven, que permanece ingresado desde el 1 de abril en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infanta Cristina", indicó el Gobierno regional. Añadió que tanto el director del centro como el equipo de trabajadores ha estado "pendiente diariamente de la evolución del joven, a través de la información facilitada personalmente por el servicio médico que atiende al menor".

A su vez, la Junta explicó que el hecho de que no haya proporcionado a los medios de comunicación detalles de lo sucedido se debe "únicamente" al "deber que tiene la Administración autonómica de salvaguardar los derechos que asisten al menor, y en especial, su intimidad y privacidad, independientemente, de la información que quieran facilitar sus padres".

En este caso, explica, "la obligación de la Junta de Extremadura era dar traslado de todo lo sucedido a la Fiscalía y Juzgado de Menores, y al Juzgado de Guardia, como así hizo el mismo jueves 1 de abril, cuando sucedieron los hechos".

El Ejecutivo regional apuntó que también se envió informe "detallado" de todos los hechos desde que el menor ingresó en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi', quedando a disposición de las instituciones judiciales para facilitar la información que al respecto se requiera.

Añade el comunicado que "ante las acusaciones falsas que puedan producirse sobre las actuaciones del centro y los trabajadores", la Junta de Extremadura "se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas".

Por otra parte, el Gobierno extremeño explicó que la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, exigió esta mañana en la Asamblea de Extremadura, el respeto de los trabajadores del Centro Marcelo Nessi que, "por las propias peculiaridades de la labor que desempeñan y el deber de secreto profesional al que están obligados, se ven imposibilitados a defender públicamente su trabajo ante acusaciones difamatorias sobre su práctica profesional".

La Junta de Extremadura reconoce la labor desarrollada por los trabajadores que intervinieron "con diligencia, profesionalidad y prontitud" en la atención al interno, que son "personal de seguridad, ATE/ Cuidadores y la enfermera que realizó los primeros auxilios de urgencia para su reanimación, así como la intervención de los servicios de emergencias sanitarias 112".

Centro marcelo nessi

En su comunicado, la Administración autonómica explicó que el Marcelo Nessi es un centro privativo de libertad y en el que se desarrolla un programa de actividades socioeducativas con el fin de lograr la reinserción social de los internos a través de un proceso resocializador individual y grupal orientado a la superación de las dificultades personales, a la formación de la conciencia ético-social, y al desarrollo de recursos y habilidades personales.

Añade que en el centro Marcelo Nessi, los internos "siguen un programa orientado a la reeducación de la conducta delictiva, a la prevención del delito y las conductas de riesgo, en un ambiente inicialmente restrictivo pero progresivamente autónomo, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta la evolución de cada menor o joven".

"Son los juzgados de menores los que acuerdan el internamiento y por tanto imponen las medidas privativas de libertad a los menores y jóvenes que ingresan en el Centro Marcelo Nessi de Badajoz. En este caso, la obligación de la Junta de Extremadura es la ejecución de dichas medidas en los términos establecidos por los órganos judiciales competentes", concluyó el comunicado.