De esta forma, Castilla y León se convierte en la primera CC.AA. en recurrir dicho recorte, tal y como anunció la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, expresó su deseo de que otros gobiernos autonómicas sigan el mismo camino. "Me consta que Galicia puede ser la siguiente en hacer lo propio", aseveró la representante de la Junta castellanoleonesa.

El recurso se presentará ante la Audiencia Nacional con el principal argumento de que la ministra Salgado "usa indebidamente los fondos adicionales de la financiación autonómica para 2010, puesto que utiliza una parte de ellos para un fin totalmente distinto del original, que es compensar a las autonomías por la supresión del Impuesto de Patrimonio", explicó Del Olmo.

En el caso de la Comunidad esos recursos adicionales están presupuestados en 442 millones de euros, mientras que la indemnización por la desaparición de Patrimonio figura en un epígrafe aparte con algo más de 83 millones. Frente a esto, el pasado 22 de marzo la ministra de Economía y Hacienda dictó una orden en la que anunciaba para ese fin sendas partidas de 331 y 83 millones de euros, respectivamente.

Esto supone rebajar el pago a la comunidad en 111 millones de euros. El recorte se debe a que una parte de los 9.750 millones consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010 como "anticipo a cuenta de los recursos adicionales previstos en el sistema de financiación" en realidad se van a emplear para compensar la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio.

La Junta de Castilla y León sostiene que este cambio de criterio del Gobierno de España, que ocasiona un grave perjuicio económico a las arcas regionales, es "ilegal, en primer lugar porque los recursos reservados en la Ley de Presupuestos para mejorar la financiación de las autonomías no pueden dedicarse a otros fines", advirtió Del Olmo.

En la misma línea, la Ley 22/2009, reguladora del nuevo modelo de financiación, define con claridad los componentes de los fondos adicionales. Entre ellos no figura la compensación por la desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio, puesto que se trata de la indemnización que debe satisfacer el Estado por haber suprimido una de las fuentes tradicionales de ingresos de las autonomías.

De ahí la propuesta de la Consejería de Hacienda de impugnar la orden de la ministra Elena Salgado ante la Audiencia Nacional, que es el tribunal competente en estos casos. Como es habitual, la interposición del recurso contencioso-administrativo será efectuada por los Servicios Jurídicos de la Junta, que la tramitarán en los próximos días.

"bloqueo de subvenciones".

Del Olmo también anunció que ante ese recorte de 111 millones en los recursos adicionales del nuevo modelo de financiación el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha dado la orden a las distintas consejerías de que "bloqueen" la concesión de algunas subvenciones, "las menos eficientes", si bien la titular de Hacienda declinó profundizar el tipo y se limitó a indicar que la medida afectará a los capítulos IV y VII de trasferencias corrientes y de capital, respectivamente.

La consejera recordó que el Ejecutivo autonómico podía haber optado por incrementar la deuda pública, ya que la Junta tenía aún un cierto margen, si bien declaró que se rechazó tal posibilidad "por un ejercicio de responsabilidad y para evitar tener que hipotecar a las futuras generaciones", al tiempo que quiso dejar bien claro que la Administración autonómica "ni pondrá nuevos impuestos ni subirá los actuales", aunque sí habrá que tomar otras medidas como intensificar la lucha contra el fraude y la revisión de las tasas, bien al alza o a la baja, para adecuarlas al verdadero coste administrativo.

Además, la Junta ha puesto ya en marcha desde el pasado día 1 de enero una serie de medidas correctoras de ingresos y gastos contenidas en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de Castilla y León, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera consideró idóneas el pasado día 22 de marzo y que, según entiende Del Olmo, permitirán a la Comunidad autónoma "llegar a 2012 con el objetivo cumplido de situar el déficit en el 1,3 por ciento".

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo castellanoleonés se dirigen, fundamentalmente, a la contención de los gastos de personal, para lo cual se reduce la oferta pública de empleo en 2010 y se fija la tasa de reposición en el 10 por ciento, además de que se mantienen congelados los sueldos de los consejeros se racionaliza la contratación de personal interino.

Además, en el ámbito sanitario se contempla un ahorro por la vía del gasto farmacéutico y se prevén otra serie de medidas para reducir el gasto corriente, desde las más elementales como el ahorro de papel y los gastos de luz y teléfono hasta la reducción de las publicaciones, entre otras.

"La Junta ha hecho los deberes y todas estas medidas nos llevarán a la senda del déficit que marca el Gobierno y, a su vez, la UE y nos permiten garantizar el futuro de la sostenibilidad de las finanzas públicas en este momento de crisis", sentenció Del Olmo.