El coordinador federal de IU, Cayo Lara, calificó hoy el sumario de Gürtel como "los 50.000 folios de las miserias del PP" con los que se han caído "todas las cortinas de humo" que hasta ahora, dijo, presentaba el Partido Popular para "tapar" supuestos casos de financiación ilegal del propio partido. Destacó que el sumario conocido ayer consolida una idea que "está en la mente de mucha gente" en España que cree que "estaríamos ante una supuesta financiación ilegal del PP que tiene el corazón en Génova y los pulmones en varias comunidades autónomas donde gobierna el PP".

Lara reclamó, en una rueda de prensa celebrada en la sede federal de Izquierda Unida en Madrid, una actuación "ágil" de la Justicia para resolver presuntos casos de corrupción, "uno de los cánceres más importantes de la democracia", al mismo tiempo que exigió que "se retire de una vez el aforamiento a los diputados y senadores" para que en este tipo de casos puedan ser "iguales que el resto de los ciudadanos ante la Ley".

Arremetió contra el PP por "cuestionar a policías, fiscales y jueces" y sólo haber reconocido que algunos "supuestos chorizos" a título individual "se podían haber lucrado a espaldas del PP". Tras indicar que administraciones como la de la Comunidad de Madrid o la Comunitat Valenciana aparecen en el sumario, lanzó varias preguntas en torno a la presunta trama de corrupción: "¿No sabe nada Rajoy?", "¿Cómo es posible que el PP esté defendiendo a Bárcenas política, económica y jurídicamente". "Es incomprensible", espetó.

Para la coalición, quien ampare una supuesta financiación ilegal y después quede demostrado el delito, deberá apartarse "de forma inmediata" de la vida pública porque la financiación irregular en las formaciones políticas "daña a la democracia y roba los recursos de los ciudadanos". "Crea una desigualdad en la adjudicación de obras públicas, como se habla en los documentos, y se malversa dinero público al hacer contrataciones que no estarían ajustadas al valor real de los servicios adjudicados", advirtió.

En su reclamación de que la Justicia actúe con agilidad, citó el caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que está "imputado por varios supuestos delitos en su comunidad" y según algunas informaciones "se descubren ingresos por valor de 5,3 millones de euros" desde 1999 hasta 2004. En este sentido, criticó que no es posible que desde esa fecha la Justicia siga sin resolver casos de este calibre.