En rueda de prensa, el también portavoz del PSOE en el gobierno municipal se refirió así ante el hecho de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Córdoba ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la empresa de Gómez, Arenal 2000, solicitando la suspensión cautelar del pago la multa que le impuso el Ayuntamiento hasta que se resuelva sobre el recurso interpuso contra la propia la sanción. Sin embargo, el juez ha determinado que dicha suspensión sólo será efectiva si Gómez aporta garantías de pago por el valor de la deuda, 24,4 millones, más otros cinco millones de euros en concepto de gastos judiciales.

Ante esto, Blanco dijo que "el Ayuntamiento está tranquilo", pues la medida judicial implica que "las posibilidades de cobro" de la multa a Gómez "en ningún caso se ven limitadas, puesto que", para que el juzgado acepte la suspensión cautelar del pago de la multa, "previamente el infractor tendrá que presentar avales por la totalidad de la sanción", recordando Blanco en este punto que "la voluntad municipal sigue siendo la misma, cobrar íntegramente esa multa".

El auto

En este sentido, el auto judicial recoge que deben conjugarse en este asunto "los dos intereses en juego que aquí se enfrentan: por un lado el evitar a la recurrente —Arenal 2000— el perjuicio que supondría para la (....) buena marcha de la empresa (...) el tener que desembolsar más de 24 millones; pero por otro lado, ha de valorarse también (...) la satisfacción de los intereses generales, cuya defensa corresponde a la Administración demandada —el Ayuntamiento—".

El juez argumenta que el aval se solicita habida cuenta de la situación económica de la empresa, que "lleva a presumir que quien presenta tales dificultades financieras, mayor dificultad podría tener en su día para atender al pago de la multa". Pero, de igual forma, es "del todo rechazable (...) que la Administración demandada asuma sin garantía alguna un riesgo que las propias entidades bancarias que no la avalan se niegan a asumir (...) y ello al poderse presumir aquí, como así aprecian dichas entidades crediticias, que consideran inviable la suscripción de dichos avales, el riesgo del no abono de la multa resulta y puede calificarse como de muy alto".

Por último, concluye el auto que, "a fin de conciliar ambos intereses", se acuerda dar el visto bueno a la suspensión pero condicionada a la prestación del aval, que cubra la multa del Consistorio más cinco millones de euros, que se estiman "para intereses y gastos".