El PP extremeño considera una "brutalidad" el recorte del Gobierno central en plazas de Policía y Guardia Civil

Antonio Quintana afirma que Pereira "no dice la verdad" en cuanto a las cifras de criminalidad en Extremadura

El portavoz de Administración Pública del Grupo Popular de la Asamblea, Antonio Quintana, consideró hoy una "brutalidad" el recorte que llevará a cabo el Gobierno de España en 2010 en oferta de empleo público en materia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En concreto, señaló que este recorte está "en torno al 87 por ciento menos" que en 2009, lo que significa que "de cada diez vacantes se va a cubrir una plaza solo".

"Al final", añadió, "va a haber una convocatoria de 222 policías" y "de 232 guardia civiles" para 2010, mientras que, según dijo, los sindicatos policiales "hablan de que para optimizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la oferta de empleo público debería estar en torno a los 2.000" policías y guardias civiles.

Antonio Quintana afirmó que en Extremadura, "si las colas" para sacarse el DNI "son largas y duraderas", "con este recorte y cuando empiece a notarse la falta de efectivos policiales, las colas van a ser kilométricas". "Está previsto incluso que lleguen hasta Alburquerque", bromeó el 'popular'.

Asimismo, con "este recorte preocupante", apuntó, "no se va a dar respuesta personalizada" a las víctimas de violencia de género, porque "no va a haber personal especializado" para ello. Al respecto, indicó que el PP extremeño tiene "noticias de que en la región no existe ese personal especializado".

Además, destacó que esta acción supondrá al Gobierno central "ahorrar" una cantidad de "280 millones" de euros, lo que a su juicio, "no es nada comparable" con el dinero que "se va a aportar en ayuda para rescatar a Grecia". En este sentido, añadió, "no nos cuadran —a los 'populares'— las cuentas".

Pereira "no dice la verdad"

En cuanto al balance sobre criminalidad en la región que la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, realizó el pasado 11 de marzo, el portavoz de Administración Pública del Grupo Popular de la Asamblea destacó que "no dice la verdad" porque las cifras que ofreció son contradictorias con las que dio posteriormente el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.

En particular, Pereira afirmó, según recordó Quintana, que "Extremadura era de una de las regiones más seguras de toda España", sin embargo, añadió, en una comparecencia en la Comisión de Seguridad Interior en el Senado, Camacho dijo que "en España, la criminalidad había bajado, excepto en tres comunidades autónomas, una de ellas Extremadura, donde la criminalidad había subido un 1,2" por ciento.

Antonio Quintana agregó que "no hay que tener miedo a decir la verdad" en cuestión de Seguridad Ciudadana, puesto que la criminalidad "no obedece a parámetros constantes". Al respecto, indicó que la crisis económica ha hecho que personas se vean "abocadas al hurto" de productos de primera necesidad, por lo que "el hurto famélico está ahora creciendo".

Barrios conflictivos

Por otro lado, el diputado 'popular' destacó que en materia de Seguridad Ciudadana "en ningún caso cabe el triunfalismo", porque "la realidad es tozuda y siempre nos supera".

Al respecto, hizo referencia los barrios conflictivos de la región, de los que, según dijo, "nunca" oye "hablar a la delegada del Gobierno" en Extremadura, Carmen Pereira. En concreto, mencionó Los Colorines en Badajoz, Aldea Moret en Cáceres, La Data en Plasencia y los dos San Lázaro, en Mérida y Plasencia.

Quintana señaló que "lo que habría que hacer es plantear una acción" que sea "duradera", para lo que el PP extremeño recomendó "contar con las asociaciones vecinales de dichos barrios.

Asimismo, afirmó que los 'populares' entienden que la Seguridad Ciudadana "es algo que hay que gestionar desde la eficacia, sin miedo y sin ningún tipo de ambigüedades". Así, consideró "muy importante optimizar los recursos humanos" y "poner al servicio de los funcionarios de Policía y Guardia Civil los medios" necesarios para desarrollar su trabajo.

Para ello, aconsejó a la Delegación del Gobierno que "oiga" a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que "conteste a los escritos" que la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha mandado" a dicha institución "en reiteradas ocasiones", concluyó.

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