En declaraciones a Europa Press, Calderón manifestó que se están mandando "órdenes verbales y por escrito para que se aumenten las propuestas de sanción", lo que, en su opinión, "supone presionar a los funcionarios cuando esas actas tienen que ser por iniciativa propia".

Esta situación se está dando especialmente en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), encargada de las actuaciones de orden público y grandes eventos. Según dijo, el objeto de estas directrices es cubrir la verdadera tasa de criminalidad que existe con ese tipo de actas, ya que por parte de la Administración central se está utilizando una medida de cuantificación que rebaja los índices, mientras las oficinas de denuncias siguen con "grandes colas y la percepción real que tienen los funcionarios es muy distinta" a los datos que ofrece la Subdelegación del Gobierno.

De este modo, aseguró Calderón que se está fiscalizando la estadística y no coincide con los datos que aporta la memoria de la Fiscalía porque aseguró que "no ha bajado la delincuencia". Calderón insistió en que "no cuadra la tasa de criminalidad", que según la Subdelegación de Córdoba es las más bajas del país, por lo que sospecha que no se están dando cifras reales para "no crear alarmar".

Por otro lado, añadió además que a la UPR se le está dando "funciones de florero" porque, por ejemplo, en determinados puntos de la carrera oficial de Semana Santa los agentes sólo se están dedicando a levantar una cadena, "como si se tratara de un portero", mientras que esa actividad la realizaba antes Protección Civil y Policía Local.

Así, dijo que hay un punto concreto en la Cuesta del Bailío, en la capital cordobesa, donde se concentran centenares de personas al paso de las procesiones, pero los miembros de la UPR "van a estar meramente de florero cuando lo que tienen que hacer es vigilar por la protección y estar muy atentos para que no haya ningún tipo de altercado".