El miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos del Cabildo de Arriba Manuel Gutiérrez López ha presentado su dimisión por discrepancias en la gestión del Área de Renovación Urbana (ARU) que se proyecta para la regeneración de este barrio de la capital cántabra.

El ARU consiste en la demolición de viviendas para reconstruirlas con la ayuda de subvenciones de distintas administraciones, de forma que al final del proceso las propiedades sean declaradas de protección oficial.

Pero en el Cabildo de Arriba un grupo de vecinos ha comenzado a mostrar su rechazo a los efectos que tiene sobre ellos esta fórmula, criticando que implicará expropiaciones a propietarios que no compartan el proyecto y que afecta a viviendas que o ya estaban pagando créditos para la rehabilitación integral (ARI) aprobada la pasada legislatura, o bien tienen dificultades para hacer frente a sus hipotecas por la situación de crisis y los problemas de financiación bancaria.

En este contexto, la marcha de este representante vecinal se suma, según recordó Manuel Gutiérrez en declaraciones a Europa Press, a la de otros miembros de la docena de vecinos que integraron el Grupo de Trabajo en los últimos seis años, entre los que se encuentra la ex presidenta, Teresa González o el ex portavoz, Chema Solórzano, entre otros.

Gutiérrez López enfatiza que este grupo de representantes vecinales apostó en su día, en la anterior legislatura —siendo alcalde de Santander Gonzalo Piñeiro y antes del derrumbe del edificio que provocó la muerte a tres personas—, por la figura del Área de Rehabilitación Integral (ARI) para luchar contra la degradación urbanística de este céntrico barrio santanderino.

Tras el mortal desplome, se creó la 'Comisión Mixta para la Rehabilitación del Cabildo de Arriba', formada por las tres administraciones, los grupos municipales y la Asociación de vecinos.

Manuel Gutiérrez critica que en ese órgano, con la representante vecinal, para entonces ya la actual presidenta de la asociación, Yolanda Fernández, la "cadena de transmisión" entre las reivindicaciones de los residentes en el barrio y las instituciones quedó "rota", hasta el punto de que este organismo llegó a experimentar un "colapso" y transcurrir hasta 10 meses sin reuniones.

Además, aseveró que pese a que se empezó a trabajar sobre la base de la fórmula acordada inicialmente, de la "noche a la mañana" se pasó a hablar de la opción actual, el ARU, de la que se rechaza el recurso a las expropiaciones y el descenso en el valor de las propiedades que supondrá para los vecinos, cuando había propietarios que estaban financiando la primer alternativa que se les ofreció y que ahora tendrán que afrontar este nuevo gasto.

Es un dinero adelantado que para Gutiérrez "se va a tirar" con el ARU, que además va a provocar que "el patrimonio de mucha gente desaparezca" y haya vecinos que "de la noche a la mañana" puedan "encontrarse en la calle" por las expropiaciones.

Otras características que se cuestionan del ARU son la obligación de comprar los terrenos adquiridos de forma libre para convertirlos en de protección oficial, con la consiguiente reducción de valor respecto a la inversión realizada por los propietarios.

Por estos motivos, precisó, hay propietarios que dieron su visto bueno al proyecto que han "recapacitado", otros que "están empezando a coger miedo" y "volviéndose atrás".

Según los cálculos de este vecino, entre los que han cambiado de opinión sobre el ARU y los que lo rechazan, podría rondarse más de la mitad de los afectados por este proyecto. Tal y como adelantó Gutiérrez, los que no están de acuerdo están planteándose organizarse para canalizar de un modo formal su oposición a esta figura.

El que fuera miembro de la Junta Directiva criticó además la "flojedad" de la Asociación y el hecho de que en la última reunión se mezclara la asamblea informativa sobre el ARU para todos los vecinos con la reunión de la propia entidad para la renovación de cargos, produciéndose de forma simultánea la dimisión y la reelección del Grupo de Trabajo encabezado por la presidenta, Yolanda Fernández.

El miembro de la asociación lamenta que no se les esté trasladando datos oficiales sobre la aceptación del ARU entre los vecinos del Cabildo pese a las entrevistas mantenidas en la Oficina Municipal establecida en el barrio.

El ARU debe ser aprobado por el Ayuntamiento, que es quien lo propone, pero luego lo declara el Gobierno de Cantabria, una vez que tenga el visto bueno del Ministerio de Vivienda). Además, el Ayuntamiento debe modificar su PGOU para adaptarlo al documento. En principio, instituciones y la asociación de vecinos han defendido públicamente el ARU como solución a la degradación urbanística del Cabildo.

Cambio de fórmula

El representante vecinal reivindica el proceso participativo que con los vecinos del barrio se siguió para elaborar el proyecto de rehabilitación integral, el ARI, en la época en que él y el resto de dirigentes vecinales que han abandonado la asociación estaban al frente de la misma.

Este figura incluía ayudas a la rehabilitación de viviendas por las que optaron distintos propietarios, en una idea que, en principio, se mantuvo cuando, tras el desplome mortal de 2007, se constituyó la Comisión Mixta para la recuperación del Cabildo, formada por las instituciones, partidos y dirigentes de la asociación.

Este vecino del Cabildo de Arriba admite que esa fórmula "no tuvo sus frutos" y resultó un "fracaso", lo que se achaca a la "falta de voluntad política" y la "nula financiación" de Ayuntamiento y Gobierno, que hicieron que los vecinos asumieran el 50% de los costes frente a otras ciudades en las que las instituciones aportaron hasta el 95,97% del ARI.

A esto se añadió que los vecinos tuvieron que pedir créditos para adelantar el dinero porque las subvenciones llegaban unos seis meses después. Después, la crisis económica y las dificultades de financiación llevaron a algunos propietarios a "parar" el ARI.