El juez José Castro ha citado el próximo lunes a las 10.00 horas al letrado Rafael Perera, abogado del ex presidente balear, Jaume Matas, y de su cuñado y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, para comunicarle su decisión adoptada respecto a las peticiones que hicieron esta mañana contra ellos los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau.

Por el momento, la primera y única medida "cautelarísima" adoptada hoy por el magistrado es, tal y como había solicitado la Fiscalía, la retirada inmediata del pasaporte de Matas, quien, por el contrario, no tendrá la obligación de comparecer cada 24 horas en el juzgado hasta que el magistrado se pronuncie.

Así lo indicaron a Europa Press fuentes jurídicas, que indicaron que el próximo lunes no tendrán que acudir a los juzgados ni Matas ni Areal, ya que únicamente está citado el letrado Rafael Perera, quien en la vistilla de esta mañana negó que exista riesgo de fuga en ninguno de sus dos clientes dado que, según alegó, ambos han acudido siempre a los tribunales cuando se les ha citado.

Cabe recordar que la Fiscalía ha solicitado para Jaume Matas prisión condicional comunicada bajo fianza penal de 3 millones de euros; y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

Asimismo, para el cuñado de Matas, Fernando Areal, la Fiscalía solicita únicamente la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días.

El ex-presidente del Govern reconoció este jueves que pagó en negro parte de los 400.000 euros que gastó en la reforma de su vivienda de Palma, conocida como el Palacete, entre 2003 y 2007 y que, según subrayó, los abonó "en efectivo", gracias al traspaso de un negocio y al alquiler del local a un comerciante de zapatería.

Así lo informaron a Europa Press fuentes jurídicas, que señalaron que Matas mostró ante el juez José Castro y los fiscales Anticorrupción un informe jurídico en el que "justificó" el gasto de los citados 400.000 euros, de forma que detalló que 100.000 euros los abonó a través del traspaso del negocio, mientras que el resto los fue pagando, gracias a los 3.000 euros mensuales que cobraba de alquiler del local, ubicado en la calle Sant Miquel de Palma.

No obstante, el ex-presidente reconoció que no declaró ni los 100.000 euros, ni 1.500 de los 3.000 euros que percibía cada mes a través del alquiler del citado local, de forma que el resto lo cobraba en negro y, por tanto, sin declarar a Hacienda. Respecto al coste del Palacete, que se fijó en 950.000 euros, detalló que la tasación de esta vivienda no la hizo ninguna empresa privada, sino el arquitecto que se la vendió y que era el propietario de la misma, Giuseppe Violante.

Las citadas fuentes señalaron que pese a que, en un principio, Matas estaba decaído durante su declaración, al final, recuperó el ánimo al mostrar al juez y a los magistrados el citado informe económico en el que "pudo demostrar que los gastos que efectuó en el Palacete se correspondían con sus ingresos", negando así que haya obtenido dinero a través del desvío de fondos a través de la construcción del velódromo Palma Arena.15

Horas de interrogatorio

La declaración de Matas concluyó ayer pasadas las 23.30 horas, después de haber sido interrogado durante los dos últimos días a lo largo de casi quince horas en las que ha sido preguntado por las supuestas irregularidades en la gestión de la construcción del Palma Arena, donde presuntamente se desviaron más de 50 millones de euros.

Así, el ex-presidente únicamente asumió "con todas las consecuencias" la decisión política de construir esta infraestructura deportiva, si bien se desvinculó de la gestión administrativa de este proyecto, llevado a cabo por un Consorcio, conformado por el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma.

De este modo, insistió en que es "imposible" que se pudieran "infringir" los códigos de control por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma durante la gestión realizada en la construcción del velódromo Palma Arena.

Posteriormente, el ex presidente defendió la legalidad de los pagos que percibió del bufete madrileño Estudios Jurídicos y Procesales cuando abandonó la política, y que también están siendo investigados en el marco de esta causa, al aseverar que las cantidades que percibió en 2007 y que ascenderían a unos 31.000 euros fueron en concepto de trabajos que realizó para este despacho, gabinete que previamente había sido contratado en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Matas.

Durante el interrogatorio, el juez se interesó por estos pagos presuntamente irregulares y que según las pesquisas llevadas a cabo, recibió Matas en su cuenta bancaria y llamó la atención de los investigadores por no aparecer el concepto por el que habían sido abonados y porque no se le conocen al ex presidente conocimientos jurídicos que justifiquen la elevada cuantía.

Mientras tanto, también fue preguntado por la contratación del periodista Antonio Alemany, imputado en la pieza separada del caso por una presunta financiación irregular del PP, y al respecto recordó que era la persona encargada de elaborar sus discursos por tratarse de un profesional "absolutamente válido" para su asesoramiento de imagen. "Una cosa es escribir noticias y otra discursos, y él los hacía muy bien", subrayó el imputado.

Sin embargo, se desvinculó de cualquier tipo de irregularidad respecto al expediente de contratación del periodista y aseguró desconocer de qué modo se llevó a cabo, pese a que de acuerdo a las indagaciones realizadas se efectuó a través de la empresa de publicidad Nimbus de forma supuestamente amañada.

Por otra parte, el ex ministro de Defensa admitió que recomendó firmar el convenio suscrito por el Govern en 2005 con el Instituto Nóos, entidad dedicada al patrocinio y mecenazgo que estaba entonces presidida por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. El acuerdo fue presupuestado en 1,2 millones de euros y de acuerdo a las investigaciones este gasto no ha sido acreditado.

Finalmente, el interrogatorio versó sobre el Palacete y Matas salió al paso a través del citado informe económico en el que justifica cada uno de los gastos de reforma que realizó en esta vivienda entre 2003 y 2007, admitiendo, no obstante, que realizó un fraude fiscal, al no declarar dinero a Hacienda.