La auditoría la hizo la empresa BDO y la encargó el actual gobierno, de CiU, que tiene mayoría absoluta tras las elecciones de 2007.

El consistorio también reclamó a la Sindicatura de Cuentas de Catalunya que continúe la investigación ordenada por el Tribunal de Cuentas para determinar responsabilidades por las numerosas "irregularidades" que puso en evidencia la auditoría.

En un comunicado, el actual equipo de gobierno aseguró que cuando accedió al poder, en 2007, se encontró al consistorio en "quiebra técnica por la caótica" gestión de la hacienda municipal durante el mandato anterior.

En el consistorio, CiU tiene siete ediles, frente a los tres de la Agrupació d'Electors Independents Tossa Unida y otros tres de PSC-Joves per Tossa.