El informe de la Cámara de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2005 y consultado por Europa Press, es relativo a la fiscalización de las 'Subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro. Perceptores del segmento 300.000 a 600.000 euros'.

En su informe, la Cámara de Cuentas precisó que los perceptores objeto de fiscalización se han seleccionado del Mayor de Gastos de la Junta de Andalucía del ejercicio 2005. Los trabajos de fiscalización se han desarrollado con la documentación que se puso a disposición de la Cámara de Cuentas de Andalucía y mediante visitas a las sedes de las consejerías otorgantes de las subvenciones y a los beneficiarios cuando así se ha considerado necesario.

De esta forma, se han seleccionado 24 perceptores de un total de 56 registros por un importe total de 9,97 millones a que ascienden los 81 expedientes correspondientes a las subvenciones concedidas a los beneficiarios seleccionados.

La Cámara de Cuentas apuntó, entre las principales incidencias detectadas en los expedientes de subvenciones incluidos en el segmento de perceptores fiscalizado, comportamientos "poco rigurosos" o incluso "laxos" en el cumplimiento de los plazos para resolver la concesión de subvenciones en varias consejerías.

En concreto, el ente fiscalizador precisó que en la Consejería de Gobernación aparecen "deficiencias" en los procesos de admisión de solicitudes, al registrarse una "reformulación de la solicitud con rebaja en el porcentaje de autofinanciación", y en los procesos de justificación, por una "inadecuada acreditación o falta de aportación de los justificantes de gastos, imputaciones de gastos expresamente no subvencionables o de distinta naturaleza a la finalidad pretendida, en particular en la Unión de Consumidores de Andalucía"

Estas deficiencias están "motivadas a veces por incumplimientos de las obligaciones de los beneficiarios que no fueron corregidos por parte del control interno de la Consejería".

En cuanto a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se observa un comportamiento "poco riguroso" en el cumplimiento de los plazos establecidos para resolver y notificar expresamente la concesión de las subvenciones. Por otra parte, consta certificada la acreditación de la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue concedida "sin que se advirtiera de la falta del cumplimiento de los requisitos y condiciones impuestas al beneficiario", que en el caso de Innovación se analizaron los casos de Fedeccon y Forma Animada.

Por su parte, la Cámara de Cuentas indicó que la Consejería de Obras Públicas y Transportes "declaró el reintegro de la totalidad de los fondos concedidos más los intereses a Metrópolis Inmobiliaria Andaluza SL al considerar que, si bien se había alcanzado el objetivo y la finalidad perseguida, no había quedado justificado el total de la actividad subvencionada". En relación con la Unión de Consumidores de Andalucía, el ente fiscalizador destaca que "aun cuando no quedó acreditada la relación directa o indirecta de la totalidad de los justificantes aportados con los gastos originados por la actividad subvencionada, se certifica que la subvención fue aplicada a su finalidad".

El órgano fiscalizador agregó que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte "también muestra un laxo comportamiento en el cumplimiento de los plazos para resolver y notificar la concesión de las subvenciones", toda vez que esta Consejería "modificó a la baja la resolución de concesión de una subvención a la Federación Andaluza de Hostelería al estimar que la documentación justificativa no alcanzaba el importe total concedido, desconociéndose si ello afectaba al cumplimiento del objetivo del proyecto subvencionado".

Asimismo, apuntó que la gestión realizada por la Consejería de Agricultura y Pesca "muestra deficiencias" en cuanto al cumplimiento de los plazos para resolver la concesión y la publicación en BOJA de algunas subvenciones. Precisó que, respecto a la subvención concedida a Pleamar Frost SA, la solicitud "no acreditó previamente a la concesión la suficiente garantía técnica y financiera que se exige por norma, además de que el emplazamiento del proyecto quedara fuera de la zona de implantación de la entidad, según consta en sus estatutos".

En cuanto a las subvenciones gestionadas por la Consejería de Salud, según la Cámara de Cuentas, "presentan numerosas debilidades en los procesos de presentación, resolución y justificación, que denotan, de una parte, un deficiente control interno por la Consejería y, de otra, el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el beneficiario de las ayudas".

Buen funcionamiento en justicia

Por otro lado, el informe puso de manifiesto el "buen funcionamiento", en general, del control interno aplicado por la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Asimismo, la Cámara de Cuentas consideró que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social "muestra importantes debilidades de control interno", toda vez que "los expedientes carecen de la documentación relativa a la constitución de la comisión de evaluación de la actividad y de la valoración conforme a los criterios que establece la orden reguladora".

Asimismo, se observó "falta de rigor" en cuanto a los plazos para resolver y notificar la concesión de las subvenciones y en cuanto al control de las justificaciones. Por otra parte, añadió que las memorias de las actuaciones subvencionadas presentadas por los beneficiarios "omiten los extremos que exige la norma, dificultando su control y evaluación". En concreto, en relación con la Fundación Geron, la Cámara indicó que "en varios expedientes no existe correspondencia de la totalidad de los gastos justificados con la naturaleza de la actividad subvencionada".

Por último, en cuanto a la Consejería de Medio Ambiente, en relación con la Fundación Andanatura de la que es uno de los patronos, la Cámara de Cuentas detectó que utiliza la subvención "como medio para financiar las tareas que le encarga de divulgación y promoción de los espacios naturales de Andalucía, con diversos incumplimientos de la normativa de aplicación".