La denuncia, presentada el 18 de diciembre ante la Fiscalía de Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), considera que el equipo de gobierno municipal ha cometido un presunto delito de prevaricación en el convenio suscrito con la inmobiliaria Guadalmedina para permutar el edificio administrativo municipal situado en la plaza de América por el antiguo Palacio de la Industria, núcleo del complejo industrial de Tabacalera.

Los cálculos elaborados por el grupo socialista y presentados a la Fiscalía estiman que el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar 56 millones de euros al incluir en la permuta el edificio administrativo municipal, que se valoró por 24,1 millones de euros, en lugar de haberlo vendido a precio de mercado, lo que hubiera supuesto unos ingresos de 80,7 millones.

El concejal socialista consideró en la rueda de prensa posterior a la Comisión de Urbanismo que la permuta es "lesiva para los intereses de los ciudadanos". Además, manifestó su disconformidad con la calidad estética del edificio que sustituirá al antiguo centro sanitario municipal y calificó de "inaudito" que se haga un concurso de fachadas.

La Comisión de Urbanismo aprobó también iniciar el proceso de expropiación, a instancias de los actuales propietarios, de una parcela escolar de 3.350 metros cuadrados, situada en el número 8 de la calle Pintor Maella, en el barrio de la Creu del Grau.

Los propietarios han recurrido así al mecanismo legal de solicitar la expropiación del solar, pues está grafiado como escolar desde la aprobación del Plan General en 1988, sin que el equipo de gobierno haya iniciado en ningún momento el procedimiento para obtener la propiedad. Mientras el propietario solicitaba un precio de 15 millones, el Ayuntamiento propone 4,5.

González Móstoles subrayó que si todos los propietarios de terrenos reservados por el Plan General para dotaciones o equipamientos públicos ejercieran su derecho a solicitar el inicio de la expropiación, el Ayuntamiento debería hacer frente al pago de una cantidad "inabarcable", que cifró en 1.200 millones de euros.

El edil socialista criticó que el equipo de gobierno local "no se ha adelantado a los acontecimientos" y lamentó que "no haya redactado un plan de delimitación de unidades de ejecución que le permitiera obtener gratuitamente las parcelas, lo que habría abaratado el proceso y solucionado el déficit de equipamientos de la ciudad".

Aparcamientos privados en suelo público

En la comisión también se ha dado cuenta de la aprobación provisional de la modificación de la ordenación del Plan General relativa a los aparcamientos privados situados en suelo público. La modificación del planeamiento consiste en grafiar las parcelas como "ámbito de desafección en subsuelo", para permitir su venta posterior.

Al respecto, González Móstoles reiteró el apoyo de su grupo municipal a la iniciativa, pero consideró que es necesario "regular el precio de forma razonable, para dar prioridad a los vecinos y que prevalezca el criterio de solucionar problemas al de hacer caja".

Asimismo, el consistorio aprobó una moción del grupo municipal socialista para que los técnicos municipales estudien una revisión de la urbanización en torno a la calle Río Bidasoa y la rehabilitación de la alquería de Falcó, en el distrito de Rascanya. González Móstoles explicó que octubre de 2001 se adjudicó a la mercantil Valenciana de Obras el PAI para edificar unas 90 viviendas en la calle del Río Bidasoa, en Torrefiel.

El PGOU reservó también terrenos para un jardín de más de 25.000 metros cuadrados y destinó la alquería de Falcó a equipamiento público, pero diez años después "el gobierno municipal no ha adquirido los terrenos necesarios para completar el jardín ni ha exigido a la Valenciana de Obras el inicio inmediato de la urbanización de la calle Río Bidasoa".

También se acordó una posible modificación del PGOU en la avenida Portugal y en la calle Escultor Víctor Hino, situadas en los barrios de Marxalenes y Malilla, respectivamente y que están fuera de ordenación por ser considerados esos espacios como zona verde. En ambos casos los edificios están en perfecto estado de conservación, por lo que el PSPV propone una modificación puntual del Plan, que permita a los vecinos continuar en sus viviendas.

Por otra parte, González Móstoles reiteró la necesidad de adquirir y rehabilitar la antigua fábrica de la Ceramo, en la avenida Burjassot que presenta una grave situación de deterioro y abandono.