El presidente nacional de la Comisión de Educación, Juan Antonio Gómez, advirtió hoy al ministro de esta materia, Ángel Gabilondo, que su partido no firmará un Pacto de Estado por la educación, que signifique únicamente un "tuneado" del sistema actual, sino una "reforma profunda y de calado" del mismo que reduzca los índices del fracaso escolar, tras 20 años de la LOGSE.

Tras reunirse con el presidente del PP en baleares, José Ramón Bauzá, Gómez criticó que de las 134 medidas que ha presentado el Ministerio de Educación, "la mayor parte son propias de la agenda de cualquier Gobierno o cosas que deben hacerse o desarrollos de Ley que aún no se han hecho".

Sin embargo, insistió en que en la actual situación, con más de un 30 por ciento de los jóvenes españoles que finaliza sus estudios obligatorios sin ningún título y un 40 por ciento que no cuenta ni con Bachillerato, ni Formación Profesional, es "necesario, urgente y fundamental no tanto un pacto, sino una reforma del sistema educativo español, porque el actual no se aguanta más".

"Si se consigue un pacto, mucho mejor, pero si no, a quien le toca gobernar tiene que tomar decisiones", subrayó, al tiempo que consideró que en España existe un problema "tremendo de déficit de formación" que, a su juicio, es "más profundo" que la crisis económica, de la que "saldremos antes o después, seguramente, con ayuda del exterior", mientras que de la crisis de capital humano "debemos salir por nosotros mismos".

Así, Gómez recordó que el Estado destina el 4,6 por ciento del PIB a pagar los 13 años de escolarización obligatoria y gratuita de los jóvenes, lo que supone un "coste tremendo para la sociedad", teniendo en cuenta, además, que "se pierde un punto a través del fracaso escolar".

"En Europa nos propusimos que sólo el 15 por ciento de la mano de obra esté compuesta por jóvenes sin cualificación y, actualmente, en España este porcentaje llega al 40 por ciento, de forma que si mañana hubiera pleno empleo en nuestro país, un 25 por ciento no podría trabajar por falta de formación", señaló.

No obstante, el dirigente 'popular' aseveró que es "rotundamente falso" que estos altos índices de frascaso escolar se puedan achacar a la "inestabilidad normativa educativa", ya que "llevamos veinte años con un mismo modelo educativo, de forma que las diferentes leyes que ha habido "no son más que variaciones sobre el mismo sistema.

Gómez censuró que el actual modelo educativo está caracterizado por un Bachillerato que "apenas llega a los dos años, una enseñanza comprensiva y una filosofía de fondo que se traduce en yo te apruebo y te suspendo la vida; una pérdida de los valores fundamentales, como es el esfuerzo, la autoridad y el respeto, lo que ha traído consigo la pérdida de otros valores no menos fundamentales, como es la ilusión, el deseo o la curiosidad por aprender".

"motivar a los jóvenes"

Por ello, abogó por una reforma "profunda" del actual modelo, con el fin de "motivar" a los jóvenes que están estudiando y darles "las claves para que triunfen como estudiantes, ya que será la antesala del triunfo posterior como trabajadores". De esta manera, afirmó que antes de alcanzar un Pacto de Estado, se deben cambiar primero los "principios educativos y volver a entusiasmar e implicar a los alumnos y a sus familias".

Además, apostó por "cambiar el modelo de acceso del personal docente; volver a recuperar la ilusión en el profesor; lograr captar a los mejores expedientes; mantener la ilusión a lo largo de una carrera profesional y reorganizar el gobierno de los institutos".

Por otra parte, el dirigente del PP consideró que se deben introducir cambios en el Bachillerato, que es el "más corto de Europa" y que, además, se ha convertido más en una "academia de preparación de la selectividad, cuando debería ser el pilar fundamental de la cultura media de un país".

Otras de las medidas que, a su juicio, se deben introducir en el sistema educativo son las evaluaciones externas a todos los alumnos de Primaria y Secundaria, con el objetivo de que "rindan cuenta de lo que están haciendo", lo que permitirá conocer si los centros educativos están ofreciendo un producto de "calidad". "Llevamos 40 años, desde la entrada en vigor de Ley General de Educación de 1970, en los que el sistema educativo no se ha examinado desde fuera", reprobó.