Dos socios y administradores de la promotora Urdicam han presentado una querella por prevaricación contra el juez Luis Acayro Sánchez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castro Urdiales, que instruye varias causas en el municipio, entre ellas una que afecta a una urbanización de esta empresa.

Los querellantes piden 24 meses de inhabilitación especial para el empleo contra el juez por haber dictado una providencia en la que animaba a los propietarios de viviendas en el Edificio Boulevard a personarse como acusación en el proceso, tras advertirles de que sus viviendas, ya construidas, podrían ser declaradas ilegales.

Los denunciantes acusan al juez de utilizar su cargo para "continuar el acoso" que ya sufrían con esa providencia de "espíritu incendiario" con la que se "jalea" a los propietarios, según consta en el texto de la querella, que dicen haber presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y que ha sido remitida desde el correo electrónico del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, imputado en varias causas y en situación de libertad provisional tras permanecer preso en el marco de las investigaciones que se siguen en el municipio.

Los administradores de Urdicam relatan como eran propietarios de una finca en Castro Urdiales, en la que iniciaron, tras obtener en 2006 licencia, un proyecto y ubicaron las oficinas con la maqueta del edificio Boulevard. Desde ese año empezaron a suscribir contratos de compra de hasta 33 viviendas y garajes, fijándose en ellas el fin de la obra en noviembre de 2008 y emplazándoles a entonces para formalizar las escrituras ante notario.

Según cuentan, uno de los compradores era un miembro de la Guardia Civil que estaba adscrito a la Brigada de la Policía Judicial, quien, meses antes quiso apartarse de la operación de compra, pero se le comunicó que ya no podía resolver el contrato.

Ese fue el detonante de una "campaña personal de intimidación" a los socios de Urdicam por parte del citado gente, que presentó quejas y denuncias ante el Ayuntamiento

Los contratos de las viviendas y garajes se fueron suscribiendo desde el año 2006, generando retrasos. En la versión de los querellantes, el agente no escritura en plazo y participa en unas diligencias judiciales derivadas de una denuncia de él mismo, a cargo ya del juez de Castro. Tiempo después, el escrito de acusación de la Fiscalía levantaría la acusación contra estos dos imputados.

Es en esta tramitación en la que se producen las "irregularidades y comportamientos delictivos" del juez instructor, que ordena, en diciembre de 2008, una "rocambolesca, espectacular y mediática operación" en la que se llega a detener a los socios de Urdicam y a pedirles fianza por valor de 4,2 millones de euros.

Contra el agente en cuestión los denunciantes ya han promovido una querella criminal, por los supuestos delitos de coacciones y detención ilegal.

Ahora se centran en el juez Luis Acayro Sánchez, tras enfatizar que para hacer frente a la fianza se les embargaron bienes y fincas, en lo que consideran que obedece al propósito de "estrangular" a los demandantes hasta conseguir el "colapso económico" de su empresa lo que, junto a la crisis, ha llevado a la quiebra técnica e inviabilidad futura, lo que obligará, en breve, a la declaración de concurso de acreedores de Urdicam.IRREGULARIDADES

Los denunciantes citan las irregularidades que, a su juicio, ha cometido el juez en esta instrucción, entre ellas, el nombramiento de perito sin garantía procesal a propuesta de la policía judicial y la citación de testigos e imputados sin notificación.

Pero sobre todo critica lo que sucedió cuando se concluye la instrucción en diciembre de 2009 y poco después la Fiscalía solicita apertura de juicio oral contra 22 imputados —excluyendo ahora a los dos querellantes—.

A partir de ese momento, señala, el juez "despliega una inusitada y febril actividad" para encontrar "supuestas víctimas y afectados" por esta promoción, dirigiéndose a compradores, colectivos y partidos para que ejerzan acusación, y advirtiendo a los adquirientes de que, dado que sus viviendas podían ser declaradas ilegales, la única oportunidad para reclamar daños sería su personación como acusación particular.

Los denunciantes critican que el juez Sánchez dio a su resolución una publicidad "sin precedentes" y que actuó con su "eficaz colaborador" el agente de la Guardia Civil que había comprado una vivienda, lejos de la actitud "objetiva y desapasionada" que debe tener un juez instructor.

Los querellantes le reprochan un "denodado intento de perseguir arremeter" contrsa ellos, el "aviso intimidativo" a los clientes que tildan de "exabrupto", en una actuación "irregular y extraña", "excéntrica e imprudente", que, para ellos, entra en el delito de la prevaricación.

La prevaricación es porque "en todo momento ha sido consciente de lo que hacía y del alcance de sus actos" y que, tras ver lo que decidió la Fiscalía, hizo un "desesperado intento" de que su "persecución" continuara", con medidas como la investigación sobre la supuesta existencia de un río o manantial bajo el terreno.

En la demanda piden que se tome declaración al juez y a ellos mismos, entre otros, además de que se examinen los distintos documentos judiciales.