Espadas realizó este anuncio en la inauguración de las V Jornadas de Formación de Fiscales en Materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Disciplina Urbanística, en las que también ha participado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón. Este encuentro se enmarca en el convenio que la Junta de Andalucía y el Ministerio Público tienen suscrito para la especialización de fiscales en estas materias.

Durante su intervención, Espadas destacó que el trabajo de coordinación de la Junta de Andalucía con el resto de agentes implicados en el control del urbanismo y la ordenación del territorio —jueces, fiscales y ayuntamientos—, así como la creciente especialización de la Fiscalía en esta materia, "está permitiendo una normalización de la legalidad urbanística en Andalucía".

Para el titular de Vivienda, "los informes emitidos por esta Consejería y las memorias anuales que elabora la Fiscalía demuestran que hay instrumentos objetivos para afirmar que estamos reconduciendo la situación a lo establecido por el ordenamiento jurídico".

También, se refirió al recién aprobado Reglamento de Disciplina Urbanística "como una herramienta clave y necesaria para completar el marco de control de la legalidad y el ejercicio de la disciplina urbanística". Así, explicó que el Reglamento constituye "la pieza que faltaba para dotar de mayores facultades a los ayuntamientos", que a partir de ahora dispondrán de una guía práctica para poder interpretar "sin ningún género de dudas" el marco normativo establecido.

Además, puso de manifiesto que este instrumento es "muy contundente a la hora de introducir elementos para el control cruzado de legalidad, dando nuevas obligaciones a agentes habitualmente presentes en los procesos de licencia y construcción".

Entre esos colectivos, destacó la labor desempeñada por los colegios profesionales, los registradores de la propiedad y las empresas suministradoras. "La mayor implicación de estos agentes redundará en la generación de más seguridad jurídica y garantía de legalidad, aspectos claves que debemos transmitir a la sociedad", aseguró.

De igual modo, subrayó la importancia que otorga el reglamento a la prevención, asegurando que éste garantizará que en el futuro no se produzcan "nuevas situaciones de ilegalidad", ya que dota a las administraciones de medidas y soluciones "suficientes para actuar y evitar que una actuación incipiente se convierta posteriormente en un problema de vivienda ilegal".