El consejero de Ordenación del Territorio, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, confía en que dentro de un mes tendrá la fórmula para "mejorar" la normativa urbanística en Cantabria y en la que, advirtió, los grupos parlamentarios, "tendrán mucho que decir".

Mazón recalcó que el objetivo es "mejorar la normativa" urbanística en Cantabria y no "salvar" urbanizaciones afectadas por sentencias firmes de demolición. "Si alguna urbanización se salva, bienvenido sea", añadió.

El consejero defendió la "sintonía" entre las "cúpulas" de los socios de Gobierno en este tema, descartando que en las conversaciones parlamentarios se produzcan diferencias entre PSOE y PRC, que han mantenido posturas diferentes en los ayuntamientos de Piélagos y Miengo cuando se ha votado este tema.

De momento su departamento baraja distintas posibilidades sin haberse inclinado aún por ninguna, según les trasladó hoy en un encuentro a los afectados por las sentencias de derribo que afectan a urbanizaciones costeras en Cantabria.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), Antonio Vilela, aseveró al término de la reunión que los perjudicados salen del encuentro con el Gobierno "todavía más preocupados que hace un mes".

El representante de los propietarios criticó que el Ejecutivo no les haya trasladado el documento en que trabaja y que, en cambio, les pida "un acto de fe".

"solución global"

Vilela enfatizó que su objetivo no es que las leyes solucionen su problema, sino lograr una "solución global" con la que se dote de "seguridad jurídica" al urbanismo en Cantabria, al tratarse de un problema de "interés general" que puede afectar a cualquier ciudadano si se presentan denuncias.

Y defendió el Plan de Actuación para las sentencias elaborado por el Gobierno de Cantabria, al que dijo que hay que "darle forma" y del que opinó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha cuestionado por "defectos de forma" y no por su "fondo".

El representante de los afectados apeló a la "responsabilidad" de la asociación ecologista Arca, promotora de la mayoría de las denuncias que dieron lugar a estas sentencias, para colaborar en la solución de este problema. En AMA se sienten "dolidos" por la "actitud" de Arca frente a los intentos de todos los implicados de que se pueda sacar "todo adelante".

El consejero de Urbanismo admitió que los pasos son "lentos" y advirtió de que se trata de que "no sea peor el remedio que la enfermedad". El objetivo es mejorar la normativa urbanística bajo las premisas de la "lógica, el sentido común y la legalidad".

La reunión de hoy se produce al día siguiente de que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) abordara los planes del Gobierno, en un encuentro en el que hubo un "debate importante" y un apoyo "muy mayoritario" entre su treintena de miembros a estas intenciones, salvo en el caso de Arca, que "no manifestó su apoyo" y se mostró "preocupada".

Por municipios

En la reunión, que se prolongó durante más de tres horas, se abordo la situación de cada uno de los municipios en los que se han producido sentencias de derribo, según explicó el presidente de AMA.

Así, en el caso de Piélagos, les preocupa "sobremanera" la urbanización Cerrías, por la que están "muy preocupados" al tratarse de la vivienda habitual de sus propietarios en lugar de segundas residencias. Y de Arnuero recordó que son los que llevan "más tiempo sufriendo" por ser donde se produjeron las primeras sentencias.

En el caso de Argoños, con 16 sentencias, incidió en que en una de ellas, con un auto de demolición para un plazo de 15 días, si se atendía a lo establecido en el Plan de Actuación, "ya estaba legalizado", pendiente sólo de un trámite municipal, por lo que calificó de "sorprendente" la decisión judicial. En ese mismo municipio, el caso de Pueblo del Mar lo tildó de "aberración jurídica".

En Escalante también se refirió al caso de Las Torres, precisando que en este, no ha habido denuncia de Arca, sino que obedece a "problemas internos del propio municipio". Y en Miengo, las dos de Cuchía tiene "problemas menores dentro de la legalidad".