Para IU de Oviedo en esta ocasión la responsabilidad completa es del presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, por lo que considera que "el presidente debería dar orden de anular el acuerdo, dado que no se ajusta a la legalidad".

A través de un comunicado, Suárez manifestó que "empeñarse en sostener el acuerdo no traerá más que problemas al gobierno e impedirá la realización de la infraestructura judicial". Por contra considera que anular ese acuerdo sólo tendría consecuencias positivas, y permitiría retomar la iniciativa desde cero y de forma legal.

Para IU-Verdes de Oviedo no es posible dentro de la ley arrendar un edificio que no existe y que a raíz de ese contrato de arrendamiento sería edificado siguiendo las directrices constructivas que marca la administración pública, en este caso la Consejería de Economía y Hacienda.

Alejandro Suárez añadió que "el proyecto que defiende la parte socialista del gobierno supone un coste tres veces superior al que ha tenido el Palacio de Justicia de Gijón y además, tal como se plantea, el contrato de la obra supone un sobrecoste de 100 millones euros: lo mismo en el mismo lugar, a precio de mercado costaría 100 millones menos".

Por su parte, el portavoz de Los Verdes de Oviedo, Enrique Fernández recordó que en el caso del sobrecoste ilegal del Musel, la UE abrió a España varios expedientes por incumplir la normativa europea de contratación y competencia y España tuvo que retirar del programa operativo del Fondo de Cohesión el proyecto de la supuesta 2ª fase de las obras de ampliación del Musel y sustituirlo por otro para evitar la pérdida de fondos europeos.

Para Alejandro Suárez "si se decide hacer el Palacio de Justicia en esa parcela, hay formas de recuperar la propiedad pública de la misma y licitar la obra dentro de la legalidad, ahorrando decenas de millones de euros".

Destacó además que el asunto del Vasco también está causando malestar en el Ministerio de Economía, por su ilegalidad, por sus efectos sobre la imagen de España en las instituciones europeas y por las posibles sanciones económicas a que puede dar lugar.