La secretaría de Política Social de CCOO de Asturias, a través de su Centro de Información de Trabajadores Emigrantes (CITE), organizó hoy una jornada informativa en el Auditorio de Oviedo en la que participaron cerca de medio millar de inmigrantes para conocer las principales modificaciones de la Ley de Extranjería.

Al respecto, el secretario de Política Social, Ignacio Quintana, y el responsable de Migraciones y Asuntos Sociales, Juan José Palacios, destacaron que esta asamblea tiene como propósito fundamental es explicar al colectivo de ciudadanos inmigrantes la introducción de nuevas realidades en la Ley de Extranjería.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan José Palacios señaló que esta labor es especialmente relevante en un momento en que "parece que se está cuestionando el trabajo de estos ciudadanos". "No nos están quitando ningún trabajo a los nacionales, no es cierto", defendió.

Asimismo, incidió en que junto con la explicación sobre los cambios de la ley, la jornada pretende darles "ánimo" y el apoyo del sindicato, que "no consentirá ningún tipo de racismo" en Asturias. Al respecto, comentó que "actualmente hay unas 8.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular trabajando en Asturias". "El trabajo sumergido es una de las lacras que hay en esta sociedad", lamentó.

Además, explicó que Asturias es tras Galicia la que menos población inmigrante tiene, aunque resaltó que en 2009 el Principado fue la segunda comunidad autónomas que más inmigrantes atrajo.

Por su parte Ignacio Quintana resaltó que entre las modificaciones de la Ley destaca la restricción la reagrupación familiar, ya que ahora se impide llevarla a cabo con mayores de 65 años; que "prácticamente se doblan todas las multas contempladas en el régimen sancionador"; nuevo elementos sancionables vinculados al padrón; y la subida de 40 a 60 días el tiempo de internamiento "justificando la imposibilidad de materializar algunas expulsiones", cuando el sindicato considera que los problemas son otros asociados a falta de presupuesto o de falta de acuerdos con determinados países de procedencia.

Quintana dijo que también hay cambios positivos en la Ley, entre los que destacó la introducción de derechos de sindicación, huelga, asociación y reunión; las garantías de que haya un juez encargado de la vigilancia de los centros de internamiento; los cambios en materia de educación; o la protección y derechos para las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. Aun así, entiende que "todavía existen bastantes lagunas que quedan en la legislación y que se espera que en Reglamento que se está negociando queden aclarados".

En relación con las principales consultas que realiza la población inmigrante en el CITE de Comisiones Obreras, indicaron que prima el interés por conocer el procedimiento de acceso a la documentación; y la renovación de los permisos. "En esta situación de crisis detectamos que la gente tiene verdaderos problemas para renovar sus autorizaciones de trabajo", añadió.