Rafael Recio dijo a Europa Press que a las 18,30 horas, la acampada iniciada a comienzos de enero por este colectivo a las puertas del Ayuntamiento seguía en pie pese a que tanto la portavoz del grupo, Manuela Haro, como el secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Sevilla, Javier Pino, anunciaban el desmantelamiento del campamento en base a la mencionada convocatoria.

Advirtió el alcalde de que la convocatoria parte del segundo teniente de alcalde y concejal de Personal y Empleo, Juan Manuel Carrasco Maestre, por lo que será este delegado municipal y un asesor jurídico quienes el lunes se reúnan con una representación del colectivo de ex trabajadores. No obstante, insistió en que en la tarde de hoy, la acampada "sigue ahí".

La comisión de empleo del Ayuntamiento, como se recordará, acordó el pasado 2 de marzo en relación a este conflicto un documento destinado a resolver el asunto. Aunque el documento fue firmado por el alcalde, el presidente del comité de empresa, el presidente de la Junta de Personal y los delegados locales de UGT y CCOO, además de las fuerzas políticas a excepción de IU-CA, el colectivo de ex trabajadores no reconoció el acuerdo alegando su exclusión de las negociaciones y que el delegado de CCOO había sido desautorizado para rubricar el texto.

El documento, recogido por Europa Press, contempla la atención "única y exclusivamente" a sentencias y actos de conciliación "firmes" para "encauzar" los despidos improcedentes hacia "la indemnización y el pago de los salarios de tramitación", pues la readmisión sólo se admitiría por orden "taxativa" de la autoridad judicial. Las indemnizaciones, así, se abonarían "por riguroso orden de antigüedad" y las indemnizaciones "pendientes de pago" habrían de ser afrontadas con cargo al presupuesto de 2010 y a través de un "calendario" a elaborar.

Los salarios de tramitación implicados en las sentencias que declaran improcedentes las resoluciones de los contratos, según figura en el acuerdo, quedarían "aplazados" a una "segunda fase" que se abordaría mediante una "modificación presupuestaria" en el último trimestre del año o durante el primer semestre del "ejercicio presupuestario" de 2011, en función de la situación financiera del Ayuntamiento de Camas. El Consistorio, finalmente, se compromete a "no dilatar los procedimientos" judiciales merced a la "situación social y financiera" de los ex trabajadores afectados.