La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ana Barrientos, dijo hoy que el acuerdo entre el Gobierno del Principado de Asturias y la empresa Jovellanos XXI podría estar ya "sin efecto". Barrientos basó su argumentación en la cláusula decimocuarta del acuerdo suscrito entre la Administración regional y la empresa que señala que "la no obtención de la financiación necesaria en el plazo de cinco meses desde la firma del presente acuerdo lo dejará sin efecto".

Dado que el acuerdo fue firmado el 30 de julio, habiendo pasado el mencionado plazo, y que, según el PP, el propio presidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces, reconoció públicamente que aún no había financiación, los 'populares' mostraron sus dudas sobre el futuro del proyecto.

Así lo expusieron en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo Ana Barrientos y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alberto Mortera. Barrientos dijo que el Grupo Popular en la Junta General interpelará al Gobierno para clarificar todo este asunto.

Tanto Barrientos como Mortera insistieron en la necesidad de la construcción de un Palacio de Justicia en Oviedo y acusaron a los socialistas de "embaucar" a empresarios de "reconocido prestigio". Así, Mortera mostró en la rueda de prensa una fotografía de febrero de 2009 en el que aparecían la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Paloma Sainz, el secretario general de la Agrupación Socialista de Oviedo, Alfredo Carreño, y el responsable de la empresa Jovellanos XXII, propietaria de la parcela de El Vasco, Jacobo Cosmen, el día en el que anunciaban que se acometería el proyecto.

A juicio de Mortera, el Palacio de Justicia supone un "olvido" más del Gobierno del Principado de Asturias y un "nuevo compromiso incumplido, como el de la losa de Santullano". Tildó de "insolvente" la gestión de Areces y subrayó su "pérdida de credibilidad".

Además, el concejal de Urbanismo ovetense dijo que en el consistorio nadie ha solicitado, a día de hoy, licencia urbanística alguna para el proyecto del Palacio de Justicia.

El acuerdo entre el Principado y Jovellanos XXI señalaba que la empresa construiría la instalación y que el Principado firmará un contrato de arrendamiento de una duración de 30 años, con un derecho a compra. Este acuerdo fue criticado por fuerzas políticas, incluida el socio de Gobierno de los socialistas en Asturias, IU, que dijo que la fórmula implica un mayor coste para las arcas públicas y que llegó a denunciar el caso ante la Unión Europea, al entender que va en contra de la legislación de contratación pública, que requeriría un concurso.

Preguntada sobre si creía que el acuerdo se ajustaba a la legalidad, Barrientos rehusó profundizar sobre el asunto y se limitó a decir que "normalmente estas cosas se hacen por concurso".

Mortera, por su parte, dijo que no es normal que un servicio público como el de la Justicia dependa de si un tercero, en este caso una empresa, obtiene financiación o no. Acusó al Gobierno de "jugar con los asturianos" y de realizar "ejercicios insanos de propaganda" con todo lo referente al Palacio de Justicia.