Asimismo, señaló que el caso de los cuatro menores, con edades comprendidas entre los siete y los 15 años, resultó ser "especialmente grave". Los más pequeños acumulaban un gran número de faltas injustificadas, superando siempre las cinco faltas mensuales, a partir de las cuales se considera absentismo escolar en el nivel de Primaria.

En cuanto a los mayores, solían faltar una media de 50 horas mensuales llegando incluso a alcanzar la cifra de 100 horas en algunos meses, cuando en esta etapa se considera absentismo escolar a partir de las 25 horas mensuales. Además, hubo períodos en que ni siquiera estuvieron matriculados en centro docente alguno.

Según explicó el Ayuntamiento chiclanero, la intervención en esta unidad familiar se inició desde la Delegación de Educación en el curso escolar 2004/2005 a raíz de la derivación por parte del centro escolar como consecuencia del absentismo que presentaba de uno de los menores.

A pesar de las numerosas intervenciones llevadas a cabo por parte de los técnicos de la Delegación de Educación así como por parte de la Policía Local, y aún teniendo los padres conocimiento de la obligación que tenían de procurar la asistencia regularizada de sus hijos a las clases y de las consecuencias legales que les acarrearía su incumplimiento, éstos no se responsabilizaron de sus obligaciones y los hijos fueron acumulando faltas de asistencia de forma sistemática y sin causa de justificación alguna.

Además, según indicó el Ayuntamiento chiclanero, los padres no mostraron en ningún momento interés" por cambiar esta actitud, no acudiendo a las citas que en numerosas ocasiones se les facilitó desde la Delegación de Educación y no atendiendo las indicaciones de los tutores de los centros educativos donde se encontraban matriculados sus hijos, no acudiendo a los continuos requerimientos de éstos, no facilitando material escolar a su hijos e, incluso, no recogiendo ni interesándose por las calificaciones de los diferentes trimestres.

Por todo ello, durante el curso 2006/2007 la trabajadora social de la Delegación Municipal de Educación y el Policía Local del equipo municipal de absentismo escolar, técnicos de referencia del caso, entregaron el correspondiente atestado policial acompañado del expediente que recogía toda la intervención socio-educativa en la unidad familiar en la Fiscalía de Protección del Menor de Cádiz.

Con posterioridad el Fiscal de Protección de Menores presentó la correspondiente denuncia por presunto delito de abandono de familia en los juzgados de instrucción de Chiclana de la Frontera. Una vez instruido el caso, el juez acordó la apertura de juicio oral el cual se celebró en los Juzgados de lo Penal de Cádiz.