Durante la sesión plenaria, el conseller insular de Hacienda, Obras Públicas e Innovación, Antoni Alemany, subrayó que el Consell únicamente estará dispuesto a aceptar la restitución de los terrenos a cambio de 30 millones de euros -cantidad por la que fue vendido Can Domenge pese a suponer la mitad de su valor en el marcado y de lo que ofrecía la empresa Núñez y Navarro-, además de 5,8 millones de euros en concepto de gastos útiles e intereses legales generados.

Sacresa y Ferrà Tur presentó un escrito por el que ofrecía determinadas condiciones para que la Institución pudiera recuperar los solares, y entre los requisitos reclama 36,2 millones por el precio abonado en su día más gastos de hipoteca; la devolución del importe del aval ejecutado recientemente por el Consell por valor de 800.987 euros, y la recuperación por parte de la UTE del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales pagado por la adquisición de las fincas por un total de 2.146.200 euros.

Mientras tanto, en declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el portavoz del PP en la administración supramunicipal, Jaume Font, aplaudió el acuerdo alcanzado con el visto bueno de todos los grupos y, respecto a la venta de Can Domenge la pasada legislatura con los votos de PP y UM, justificó que su formación avaló la adjudicación ya que contaba con los informes técnicos y jurídicos favorables.

En el pleno, Alemany explicó que otras de las condiciones impuestas ahora por el Consell en su propuesta de acuerdo transaccional pasan por que los gastos notariales, fiscales y registrales de la cancelación de las cargas hipotecarias corran a cargo de ambas constructoras, y por la cesión gratuita a la institución de la titularidad de las licencias y autorizaciones obtenidas.

Por su parte, la consellera 'popular' Antònia Perelló mostró su apoyo a los términos del acuerdo aunque aseveró que la institución hubiera podido ahorrarse los intereses "si no se hubieran dejado pasar" 14 meses desde que se constató el incumplimiento en los plazos de ejecución de viviendas a los que se comprometió la UTE al serle adjudicado el concurso. Tras ello, Armengol firmó el 13 de enero de 2009 el decreto de resolución del contrato con Sacresa y Ferrà Tur.

Investigaciones judiciales

Cabe recordar que las investigaciones en torno al concurso se iniciaron a raíz de la querella interpuesta por Núñez y Navarro, que no resultó adjudicataria pese a ofrecer 60 millones de euros, el doble que lo aportado por la UTE.

En concreto, la querella iba dirigida contra el anterior equipo de gobierno insular, liderado por Maria Antònia Munar, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales, ya que, "conscientes de las circunstancias, votaron a favor de la adjudicación del expediente de contratación", así como contra "aquellas personas que aparezcan como intervinientes en la comisión de los delitos", tal y como recuerda la resolución.

En esta causa, cuya instrucción se encuentra en manos del juez de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Javier Muñoz, está imputados Munar, el ex diputado de UM Bartomeu Vicens, y los ex presidentes de la formación Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, aunque en próximas semanas el sumario será devuelto al Juzgado de Instrucción número 12 ya que no cuenta con ningún aforado imputado, tras la renuncia de Munar a la presidencia del Parlament.