La Administración local aprobó hace 18 meses la inclusión de cláusulas sociales en la licitación de obras públicas para imponer a las empresas interesadas la obligación de contratar a un diez por ciento de parados en los proyectos con más de tres meses de plazo de ejecución y presupuesto superior a 350.000 euros, aunque el propio consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez, reconoció el "fracaso" de la iniciativa.

El paquete de medidas aprobado por el Pleno autonómico prevé, también a instancias del primer grupo de la oposición, los localistas de UDCE, que el próximo Plan de Empleo de la Ciudad reserve un 50 por ciento de sus plazas para jóvenes menores de 35 años e "impulsar" el diálogo social con sindicatos y empresarios en el seno de la Comisión Local por el empleo.

Así, el documento consensuado, que aboga por "movilizar los recursos públicos disponibles para crear empleo mediante la realización de inversiones y la mejora de los servicios públicos" y por "implantar, y mantener políticas activas para paliar las consecuencias del paro, incentivar la formación, y favorecer la inserción", apuesta por reforzar la colaboración con el Estado para agilizar la ejecución de grandes proyectos públicos de infraestructuras como la construcción del nuevo Palacio de Justicia y centros escolares.

Igualmente, defiende la necesidad de "revisar el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la finalidad, entre otras, de que el mismo sea un instrumento para dinamizar la inversión y, en consecuencia, la creación de empleo, desarrollando asimismo las actuaciones urbanísticas que al servicio de estos objetivos se estimen adecuadas".

La Ciudad también asume un papel de "intermediaria" entre desempleados y patronal para "adaptar la formación a las necesidades que el mercado demanda, fundamentalmente en el sector de la Construcción, y fomentar la ulterior inserción de los alumnos formados en empresas del sector mediante la interlocución y, en su caso, incentivos económicos".

Problema "estructural"

Por su parte, en declaraciones a los medios, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se congratuló porque el texto reconozca que el problema del paro en Ceuta "no puede resolverse con medidas paliativas" sino que son necesarias respuestas "normativas" para hacer frente a "los condicionamientos estructurales que impiden que el tejido empresarial local, y no por culpa suya, genere el empleo que las aspiraciones legítimas de los ceutíes reclaman".

Entre las iniciativas que la Asamblea ceutí reclama del Estado y la Unión Europea se cuentan el mantenimiento de las actuales bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social que por un montante del 40 por ciento disfrutan los sectores del Comercio, la Hostelería, el Turismo y la Industria (excepto Energía y Agua); la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) especial de la ciudad o la concesión de un estatus singular por parte de las instituciones europeas análogo al de las regiones ultraperiféricas.

El texto también compromete al Gobierno local a "fijar" su posición sobre la posible integración de Ceuta en la Unión Aduanera Común "una vez conocida la opinión de los agentes económicos y sociales y de conformidad con la misma" y a "seguir defendiendo la conveniencia de establecer una aduana comercial en la frontera del Tarajal". En el mismo sentido, el Ejecutivo priorizará el trabajo de "evaluar el balance socioeconómico de los intercambios entre Ceuta y el vecino Reino de Marruecos para conocer su verdadero impacto en la economía local".