Casi un millar de personas convocadas por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se manifestaron hoy contra las sentencias de derribo y por la legalización de sus viviendas.

El 'Tren de los Inocentes' salió de Gama (Bárcena de Cicero) con los integrantes de las familias afectadas por sentencias de derribo en Argoños y Arnuero, principalmente, y, una vez en Santander, los residentes en Liencres (Piélagos) y Cuchía (Miengo) se sumaron a la marcha, así como los de urbanizaciones de Cerrias, que discurrió desde las estaciones, por el paseo de Pereda, hasta el Gobierno.

Los manifestantes, que portaban pancartas que rezaban "No al derribo, legalización" o "Legalización, justicia. Somos víctimas", así como banderas con el símbolo de los inocentes y llaves de cartón, llegaron a la sede del Gobierno regional sobre las doce menos diez, donde tenían concertada una entrevista con el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, a las once y media. Mientras éste se reunía con representantes del colectivo, los manifestantes corearon consignas como "Legalización, es la solución" y "Manos arriba, esto es un atraco".

Una vez concluida la reunión, Mazón se dirigió a los manifestantes, concentrados ante la entrada de la sede del Ejecutivo en Peñaherbosa, a quienes dijo que su problema es "el de toda Cantabria" y apeló a la unidad de acción para encontrar una solución, palabras que fueron recibidas con aplausos.

En declaraciones a los medios tras el encuentro, que se prolongó unos diez minutos, Mazón subrayó que el los derribos es "un grave problema que tiene Cantabria en su conjunto" por las consecuencias socioeconómicas que representa para la región. "El problema que ha ocurrido en Cantabria es variado y tiene graves implicaciones, sin hablar del drama humano de los afectados", señaló.

Por ello, consideró que debe tratarse "como un problema de Estado" en el que han implicarse todos los poderes del Estado, así como los partidos políticos de la oposición, a quienes hizo un llamamiento, porque todos "estamos afectados" y es necesario buscar una solución que resuelva el problema "desde el punto de vista del interés general, no sólo de los afectados, de todos, que la sociedad en su conjunto también tiene sus derechos", remarcó.

Al respecto, el consejero abogó por una solución que sea "legal, constitucional", la "mejor para el conjunto" y en la que "no sea peor el remedio que la enfermedad". En este sentido, desmintió que él apueste por una "una ley de punto final, de borrón y cuenta nueva", sino, defendió, que "todo lo que se haga tiene que ser ponderado y lo que menos daños provoque para la sociedad".

El papel de los jueces

Mazón insistió en que se trata de un problema "de la sociedad en su conjunto", de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también del Judicial. "Los jueces tienen otro papel, aplicar las leyes estrictamente y también con sabiduría. Nos gusta tener jueces sabios, con buen criterio; seguro que lo son. Pero cuando hay un problema tan importante encima de la mesa, las soluciones no son tan fáciles", observó.

En este sentido, preguntado por el papel de los jueces, el consejero manifestó que éstos están aplicando las normas y el Gobierno acata sus decisiones. "Aplicar la ley tampoco es matemáticas pero éste es su papel y yo no lo critico; acato sus decisiones".

Respecto a la posible reclamación económica de los propietarios de Cerrias, Mazón manifestó que no le sorprende porque no es el primer caso, ya que anteriormente se han producido indemnizaciones por daños morales. Al respecto, subrayó que estas indemnizaciones son "muy importantes desde el punto de vista económico y salen del bolsillo de todos los cántabros" y si se produjeran demoliciones, lo serían "muchísimo más".

"En una situación económica muy grave como la que estamos sería una pena tener que invertir nuestros recursos en demoliciones e indemnizaciones", observó, y por ello insistió en que Cantabria tiene "una papeleta importante que resolver. No digo mañana, y probablemente no todos puedan quedar contentos con el resultado final pero nosotros seguiremos avanzando en los procesos", concluyó.

En el camino de la seguridad jurídica

En este sentido, el presidente de AMA, Antonio Vilela, manifestó que si el consejero "cumple su palabra de hoy, estamos en el camino de buscar seguridad jurídica".

Al respecto, señaló que las llaves que portaban hoy los manifestantes representan no sólo las viviendas de los afectados sino de "cualquier persona que viva en Cantabria" porque hoy "no hay seguridad jurídica" y "cualquiera que se encuentre con una denuncia sobre su vivienda puede tener graves problemas".

Por ello, subrayó que hay "un interés general muy importante" para que en la Comunidad "nunca más se pueda repetir una situación de desprotección y desamparo de unas familias como las nuestras".

Vilela también expresó su "preocupación" por la actuación de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que relacionó con un hecho vandálico ocurrido esta noche en Cerrias. "Han ido a tirar huevos a las casas de gente que no tiene culpa de nada y que está sufriendo. Estas actuaciones de la sala, que a toda costa quiere el derribo, ponen un mensaje a la sociedad y nos preocupa porque no nos sentimos amparados por los poderes públicos; nos sentimos abandonados por la justicia", declaró.

Al respecto, aseguró que no pretenden atacar a la sala, "todo lo contrario", sino que esperan que ésta "sea capaz, además de aplicar la ley, de aplicar la justicia" porque, en su opinión, "con nosotros habrá aplicado la ley, no lo dudo, pero que no se ha hecho justicia tampoco lo duda nadie, ni el Parlamento de Cantabria, ni el Europeo, ni el Defensor del Pueblo". "Todas las instituciones han dicho que hay que dar una solución justa a las familias", recordó.

Por ello, pidió que ahora que los "culpables", es decir, el Gobierno y los ayuntamientos "se han puesto a trabajar", la justicia "tenga comprensión, que la ha tenido durante diez años. ¿Por qué tiene que acelerar los derribos justo en el momento que las administraciones empiezan a cumplir su obligación de dar una solución al desastre que habían ocasionado a nuestras familias y a Cantabria?", preguntó, al tiempo que recordó que 10.000 viviendas de la región podrían ser objeto de sentencias de derribo.

Los afectados reclaman tener "los mismos derechos" que otras autonomías, como Galicia, donde se acaban de legalizar 13.000 viviendas, o Andalucía, que en un año ha legalizado 35.000. "Quien ha apoyado esto ha sido la Junta y los ayuntamientos con el apoyo de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía. Pedimos que se apliquen las leyes para nosotros también", remachó Vilela.

Finalmente, el presidente de AMA solicitó la colaboración de todas las administraciones "porque esto es un problema del Gobierno, de los ayuntamientos, de la justicia, de ARCA y de los afectados y tenemos que colaborar todos para dar seguridad jurídica y que nunca más en Cantabria pueda suceder esta triste historia. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y colaborar con todos", concluyó.