El sindicato SOMA-FIA-UGT ha anunciado una convocatoria de huelga para el próximo miércoles, 3 de marzo, en las empresas Uminsa y Coto Minero Cantábrico ante el impago de salarios a los trabajadores. Asimismo, se celebrarán asambleas informativas en todos los centros de trabajo de la minería en Asturias y el sábado 27 se trasladará a Degaña una delegación de la Comisión Ejecutiva de la federación.

En una nota de prensa, el secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, pide que se respeten las condiciones pactadas y recogidas en el Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro, porque lo contrario conlleva "dificultades para la tesorería de las empresas y repercusiones para los trabajadores".

Además, la organización sindical pide la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del plan y que el Ministerio de Industria agilice la publicación y puesta en marcha del real decreto para consumo de carbón autóctono.

Para el sindicato, España "no puede permitirse el lujo de prescindir de ninguna fuente de energía primaria autóctona y las únicas que tiene son el carbón y las renovables". "El Ministerio de Industria debe garantizar el consumo del almacenamiento temporal de carbón de Hunosa en el menor tiempo posible y cumplir con que se consideren los costes logísticos y de gestión en el precio de ese carbón", sostiene.

Fernández Villa defiende que la solución "más rápida" para efectuar el pago de las nóminas a los trabajadores afectados es considerar las propuestas que ha hecho la empresa pública al sector privado, entre ellas, "efectuar la compra de carbón al precio actual sin perjuicio de que se mantenga la defensa del compromiso de subida del 2 por ciento para 2010 y años sucesivos".

Para concluir, recuerda que "habría que ir avanzando en la Presidencia española de la UE en la aprobación de un nuevo reglamento de ayudas al funcionamiento de la minería del carbón o la prórroga del actual, en el marco de un plan europeo energético elaborado desde el debate y la pluralidad y alejado de presiones". Considera que aunque el reglamento no pueda ser aprobado bajo el mandato español debe "quedar enmarcado" en el supuesto de que tenga que ser aprobado en la presidencia que ostentará Bélgica, en el segundo semestre.