Durante su declaración en calidad de imputado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, Crespo —presidente del merca cuando se adjudicó este concurso— negó estos hechos y aseveró que los hechos que se le imputan "no son ciertos y no pueden sostenerse de ninguna forma", añadiendo que no participó en "ningún concierto o acuerdo de voluntades" para que el concurso lo ganara Sanma, y que para este fin "no se le ofreció ningún tipo de recompensa económica ni tampoco, una vez ganado el concurso, se le ha satisfecho con ninguna recompensa de este tipo".

En este sentido, la juez Mercedes Alaya Rodríguez le preguntó si "podría estar el concurso predeterminado para que lo ganara finalmente Sanma en virtud de un acuerdo previo", a lo que Gonzalo Crespo respondió que "en absoluto, pues eso no es cierto de acuerdo con la información que ha ido obteniendo a lo largo del proceso del concurso", al tiempo que dijo que, durante la apertura de plicas de las ofertas, "no oyó nada" acerca de que el concurso "parecía haberlo ganado Sanma".

Al hilo de ello, y tras decir que el vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), es una persona "que siempre se ha interesado por todos los temas y por los entresijos de cada cuestión", el imputado indicó que, cuando accedió en mayo de 2005 a la presidencia del merca, ya estaba en marcha el litigio de Larena 98 contra Mercasevilla por el incumplimiento de las condiciones para ejercitar el derecho de superficie, argumentando que "lo único que quería como político es que se buscara una solución" a este tema.

Técnicos de su "absoluta" confianza

De este modo, Gonzalo Crespo señaló que fue en la reunión mantenida por la Comisión Ejecutiva del merca el 15 de julio de 2005 cuando se enteró de que Sando estaba en contacto con Mercasevilla para subrogarse en el derecho de superficie que ostentaba Larena 98, aunque dijo no tener "ni idea" de por qué Sanma —filial de Sando— estaba interesada en subrogarse en este derecho de superficie.

En esta línea, el ex concejal del PSOE aseveró que fue en la Comisión Ejecutiva donde se acordó encargar la elaboración de un pliego de condiciones a técnicos, aclarando que, durante los 40 años que lleva dedicándose a la política, "jamás ha leído un pliego de condiciones, pues lo que suele leer es un resumen final que a veces aparece en los pliegos, y que ha atendido a las explicaciones dadas por los técnicos en los órganos colegiados, los cuales en este caso eran de su absoluta confianza y lo siguen siendo".

Respecto a la cláusula de limitación al alza incluida en el pliego, indicó que "su eje fundamental, siguiendo el programa electoral del PSOE, ha sido luchar contra la especulación", y que relacionó "inmediatamente" esa cláusula con ese fin de evitar la especulación, agregando que, sobre la misma, Torrijos "comentó" en la Comisión Ejecutiva que, "efectivamente, la misma podía servir para evitar" esa especulación, lo que fue compartido por todos los miembros" de la comisión, "incluidos los representantes de la oposición que estuvieron presentes en el Consejo y en el pleno municipal".

No contesta a las preguntas de las distintas partes

Además, la juez instructora le recordó que, en la reunión del 15 de febrero de 2006 de la Comisión Ejecutiva, el propio Crespo comentó que las valoraciones de los técnicos contenidas en el informe de la misma fecha "habían sido impecables", a lo que Crespo contestó que, aunque no analizó ninguna de estas valoraciones, dijo eso "por la confianza que tenía en los técnicos y por las explicaciones que les dieron éstos".

Crespo se acogió a su derecho para no responder a las preguntas de las distintas partes personadas en el proceso, aunque el letrado del PSOE quiso hacer constar su protesta por el hecho de que la juez Mercedes Alaya "le ha impedido hacer manifestaciones respecto a la imputación de Crespo y de la finalidad del procedimiento en lo que entiende un presunto trato discriminatorio para su defendido", preguntando por escrito a Crespo si "piensa que los tribunales de Justicia son el lugar adecuado para un debate político".

Por último, y a petición propia, el imputado quiso manifestar que "su misión fue la de obtener un consenso político sobre un proyecto del Ayuntamiento y no sólo del Gobierno de la ciudad, evitando cualquier especulación del suelo, mientras que en todo lo demás ha confiado plenamente en un grupo de técnicos y de consejeros de alta cualificación profesional, por lo que siempre ha creído en la legalidad del procedimiento, tanto entonces como a día de hoy".