El 18 de mayo está previsto que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida juzgue la propiedad de las piezas que el Obispado de Barbastro reclama al de Lleida. Tresserras no detalló en qué consisten las negociaciones, y se mostró partidario del acuerdo político entre las dos comunidades, que siempre ha defendido.

El conseller hizo estas declaraciones en la Seu Vella, el edificio más emblemático de Lleida, durante la presentación de los dos consejos del Consorcio del Turó la Seu Vella con el Obispado de Lleida, uno científico, y otro civil y social.

El Obispado de Lleida forma parte desde hoy, con otras once entidades, del consejo civil y social. Se trata de una medida con la que Cultura da por cerrada la herida abierta en junio, cuando la Diócesis reclamó tener parte. En la ceremonia de junio, tras la presentación del Consorcio creado por Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad, el sacerdote Jesús Tarragona expresó el disgusto del Obispado y del Cabildo por no haberles tenido en cuenta, pese a ser titulares del campanario y de algunos terrenos.

Junto al Obispado, forman el consejo cívico la Associació Amics de la Seu Vella el Ateneu Popular de Ponent; la Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida; el Orfeó lleidatà; Òmnium Cultural; la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida; la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida; la Confederació Empresarial de Lleida; el Col·legi d'Arquitectes; el Col·legi d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors y el Col·legi de Periodistas.

El consejo científico cuenta con el arquitecto, historiador del arte y catedrático de la Universitat de Lleida, Frederic Vila; la presidenta dels Amics de l'Art Romànic, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, Francesca Español; el arquitecto Melitó Camprubí; la jefa de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de Lleida y el arquitecto francés e historiador del arte Oliver Poisson, encargado del seguimiento de temas relacionados con el patrimonio mundial de la UNESCO.

Este año el conjunto monumental de la Seu Vella contará con seis millones de euros de presupuesto, aportados a partes iguales por la Generalitat y el Ayuntamiento.