La AV asegura que el Ayuntamiento deberá suspender las actuaciones del PEPRI hasta la decisión del TC

La Asociación de Vecinos de El Cabanyal-Canyamelar aseguró hoy que el Ayuntamiento de Valencia deberá suspender las actuaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del barrio hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-Ley 1/2010 del Consell, que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite.

La entidad vecinal felicitó en un comunicado "a todas las personas, asociaciones de vecinos, organizaciones vecinales y partidos políticos que durante estos últimos 12 años nos hemos venido oponiendo a la destrucción innecesaria de una parte del patrimonio cultural de la ciudad de Valencia" que, según indicó, "se contrapone a la protección que debería haber sido el principal objetivo del PEPRI del Cabanyal".

Según la AV, la "destrucción" resulta "innecesaria" para conseguir tanto "la regeneración y revitalización" del barrio como para "una adecuada conexión de la Avenida Blasco Ibáñez con el frente marítimo de la ciudad de Valencia". En este sentido, señaló que mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, "que posiblemente tardará varios años", el barrio del Cabanyal y sus vecinos "no podemos sufrir las consecuencias de la lucha política que viene desarrollando el Ayuntamiento de Valencia contra el Gobierno de la nación".

La entidad vecinal aseguró que el Ayuntamiento "podrá presentar los recursos contencioso-administrativos que la ley le permita, pero mientras tanto, deberá cumplir la Orden Ministerial, que supone entre otras cosas, suspender todas las actuaciones del PEPRI, incluso las administrativas y ponerse a trabajar en una adaptación" del Plan "que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la declaración del BIC".

"Tan solo debe incorporar para ello, a los dos objetivos que le marcaba el PGOU, regeneración y revitalización, propios de un Plan de Reforma Interior, el que le añade su posterior declaración de BIC, tal como le obliga la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y que ahora le recuerda la orden Ministerial, la protección del Conjunto Histórico declarado", indicó la asociación.

Para esta entidad, "no resulta incompatible este último objetivo, como no lo resultan los dos objetivos anteriores, con la supuestamente deseada conexión de la Avenida Blasco Ibáñez con el frente litoral".

En esta línea, destacó que hay "muchas" formas de conectar la avenida con el mar como, según subrayó, "quedó demostrado en el Concurso Internacional de ideas que ya en el año 1990 se realizó en una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia". Al respecto, reclamó que se estudien "de nuevo" esas soluciones, y manifestó que todos los vecinos y comerciantes de la zona deberían exigir esta tarea de reflexión "de forma unánime a nuestras autoridades".

"Es lo único en lo que se pueden poner a trabajar sin caer en el delito de la prevaricación", manifestó, y consideró que el Ayuntamiento "tiene que elegir entre eso o la paralización a la que nadie le obliga". "Nadie les impide que se trabaje en eliminar la delincuencia y la degradación y propiciar la rehabilitación. Tampoco en la construcción de equipamientos. Es lo que permite la legalidad vigente y además es bueno para el barrio; para trabajar de cara al futuro y lo que es más importante, para mejorar el presente", indicó.

La asociación de vecinos reclamó que se abra "entre nosotros el diálogo que nos ha impedido hasta este momento el Ayuntamiento" en torno a esta cuestión, e hizo hincapié en que "no hay más recetas para que desaparezcan los males que atacan nuestro barrio, que la voluntad política de abordarlos". "Lo demás son supuestos remedios para resolver supuestos problemas ajenos a nosotros", sostuvo.

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