Domínguez, en un comunicado, indicó que la admisión a tramite del recurso presentado ante el TC por el Gobierno contra el Decreto de la Generalitat Valenciana 1/2010 "supone tan sólo la suspensión de esta norma autonómica y no implica la paralización de las actuaciones del Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI)".
Asimismo, el edil comentó que, según los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, "para evitar interpretaciones erróneas o incluso sesgadas e interesadas, el alcance de la admisión a trámite, supone, literal y exclusivamente, la suspensión de la disposición recurrida, esto es, del citado Decreto Ley".
"Dicha suspensión la acuerda el Tribunal Constitucional por imperativo legal, por así preceptuarlo el art. 161.2 de la Constitución Española, en relación con el artículo 30 de la Ley del Tribunal Constitucional".
Por tanto, según los Servicios Jurídicos Municipales, "el Tribunal Constitucional no ha acordado la paralización de derribo alguno, ni ha entrado a valorar, al no ser de su competencia, las actuaciones que en su caso proceda realizar en ejecución del Pepri del Cabanyal."
Miquel Domínguez recordó, además, que "hace tan sólo unas semanas, un juez decretó la validez legal de las licencias de derribo de seis inmuebles ubicados en el futuro bulevar San Pedro". Asimismo, indicó que el Ayuntamiento "va a seguir adelante porque el Constitucional sólo ha acordado dejar sin efecto, momentáneamente, el Decreto de la Generalitat".
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