En rueda de prensa en Granada, Pastrana confió en que la manifestación prevista para el próximo 24 de junio en las ocho provincias andaluzas sirva para dar un "aviso potente" en contra del "endurecimiento" de las pensiones y de medidas como retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años.

"Con esta movilización queremos conseguir que tanto el Gobierno como la comisión del Pacto de Toledo se abran al consenso con las fuerzas sindicales y estudien otras alternativas menos gravosas para los trabajadores", declaró Pastrana minutos antes de reunirse con los delegados de UGT-Granada para explicarles la posición del sindicato frente a esta reforma.

En este sentido, matizó que UGT no se opone a adaptar el sistema de pensiones a las actuales variables económicas y demográficas, sin embargo cree que el momento escogido para hacerlo, en "plena crisis económica", es inadecuado porque genera una "incertidumbre innecesaria" en la ciudadanía.

Por ello, abogó por elaborar un diagnóstico de la situación y acordar qué medidas se van a adoptar y cuándo, recordando que tanto los sindicatos mayoritarios como los partidos de la oposición están en contra de alargar la vida laboral.

Así las cosas, y preguntado por la posibilidad de convocar una huelga general, Pastrana aseguró que "UGT adoptará cualquier medida que sea necesaria para que el Gobierno y la Comisión del Pacto de Toledo estudien alternativas para hacer más sólido el sistema de pensiones".

Algunas alternativas

Entre las alternativas propuestas por UGT-A para evitar una reforma "drástica", Pastrana incidió en la necesidad de diversificar las fuentes de financiación de las pensiones, de modo que no dependa exclusivamente de la renta de trabajo.

Asimismo, abogó por "sacar" del sistema de pensiones todos aquellos pagos que no están relacionados", como las ayudas familiares —que suponen 3.000 millones de euros al año— o las ayudas de demora para empresarios con dificultades económicas, que ascienden a otros 8.000 millones de euros al año.

Instó al Ejecutivo a fortalecer las inspecciones para luchar eficazmente contra la economía sumergida, que supone una "verdadera sangría" para la Hacienda Pública y de que extinguirse reportaría "importantes ingresos" a las arcas del Estado.