El presidente del Govern, Francesc Antich, tendió hoy la mano al PP y UM ofreciéndoles un pacto de 17 medidas a ejecutar de manera inmediata para salir de la crisis, entre las que destacan un plan de desestacionalización turística en todas las islas y la aprobación de las Leyes del Sector Público; Publicidad Institucional; Consejo Audiovisual y del Ente Público de Radio y Televisión Públicas de Baleares.

Durante su intervención en el Debate general sobre la acción política y de Gobierno, Antich ofreció a 'populares' y uemitas pactar un plan de reconversión turística; un plan de choque para la ocupación de los jóvenes; un plan de fomento de las nuevas tecnologías; un pacto agrario y un plan de transporte aéreo y marítimo.

Asimismo, expresó su voluntad de aprobar con el apoyo de estas dos formaciones la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, así como un plan de medidas de sostenibilidad del sistema sanitario y la Carta de Derechos Sociales.

De momento, Antich anunció que mañana mismo el Consell de Govern aprobará la Ley del Sector Público, mientras que, por otro lado, avanzó que en dos semanas aprobará la Ley de Radio y Televisión Públicas de Baleares, con la intención de que ambas normativas sean aprobadas con la unimidad de todos los grupos.

Por otro lado, ofreció a PP y UM sentarse a negociar el Plan Especial de Reconversión Turística, teniendo en cuenta que en mayo estará aprobada la reforma legislativa, que dará una mayor seguridad jurídica para llevar a cabo obras en las zonas maduras.

Asimismo, indicó que su intención es dedicar "gran parte de las inversiones estatutarias" a infraestructuras y acciones que ayuden a reforzar la industria turística de Baleares, con el fin de poner en marcha antes del mes de octubre un Plan Especial de Desestacionalización de las islas de cara a "alargar la temporada".

Por otra parte, el presidente del Ejecutivo avanzó que antes del verano, comparecerá en Comisión parlamentaria para explicar los principales ejes del proyecto de la nueva Ley de Régimen Especial de Baleares, que debe ser aprobada en un plazo máximo de siete años, tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de las islas. (

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