Según fuentes consultadas por Europa Press, la magistrada responde así al intento de declaración voluntaria llevado ayer a cabo por Marchena, y que finalmente no se concretó al no estar presente la juez en su despacho.

En este sentido, la única actuación que Alaya ha llevado a cabo sobre el particular ha consistido en el libramiento de un oficio a la Policía Judicial para que investigue todo lo relacionado con las declaraciones del socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal, que aseguró que Marchena habría ofrecido al grupo adjudicarle varios proyectos de VPO a cambio de rescindir el contrato de superficie que había firmado con Mercasevilla.

En su declaración ante la Policía Judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, Pardal relata que a finales de 2002 recibió una llamada por parte del imputado Daniel Ponce en el transcurso de la cual éste le ofreció la posibilidad de construir unas naves comerciales en los terrenos del merca, para lo que se constituiría un derecho de superficie sobre parte de los mismos, añadiendo que, en un principio, este negocio "le pareció rentable", por lo que concertaron una primera reunión en los locales de Mercasevilla.

De este modo, indica que en la reunión estaban presentes el propio Ponce, Fernando Mellet y el letrado de Mercasevilla, y durante la misma acordaron elaborar un contrato de superficie sobre una parcela de 48.000 metros cuadrados, por el cual Larena 98 se vería obligada a abonar un canon mensual de unos 59.000 euros, además de una fianza inicial de más de 400.000 euros, una cantidad esta última que, según dijo, "nunca fue depositada por parte de Mercasevilla en la cuenta correspondiente" de la Consejería de Economía y Hacienda, "quedándose a disposición del merca".

"inviable" desde el punto de vista urbanístico

En este sentido, y tras indicar que a partir de ese momento se celebraron "muchas reuniones" de carácter técnico, pone de manifiesto que Larena comenzó a pagar la cuantía correspondiente al canon superficiario —en total "unas cuatro o cinco cuotas"—, y añade que, desde el mismo momento de la firma del contrato, "surgen los problemas técnicos, pues Mercasevilla no había realizado los trámites jurídicos necesarios para segregar estas parcelas; no estaba lista para ser urbanísticamente construida, y no tenía los centros de transformación ni el soterramiento de los cables de alta tensión".

Así, Pardal Reyes indica que "esto suponía que, con estas carencias, era imposible la inscripción registral, obtener la licencia de obra, la licencia de ocupación y poder contratar los suministros de luz, agua y gas necesarios para las naves, es decir, las parcelas eran desde el punto de vista urbanístico inviables", por lo que, en vista de esto, Larena 98 "decidió dejar de abonar el canon mensual a Mercasevilla".

Según afirma, a partir de aquí "comienza a recibir todo tipo de presiones" por parte de Mellet, que le decía "que no dejase de pagar el canon, pues le resultaba vital para mantener la actividad del merca", añadiendo que se produjeron "varias" reuniones "donde le prometían todo tipo de cosas, entre ellas un director general de la Junta que le prometió, a cambio de seguir pagando el canon, la concesión de una estación para pasar la ITV", mientras que en otra reunión, a la que asistieron Mellet, Ponce y "una persona joven que decía ser la mano derecha del alcalde", se le ofreció a cambio de resolver el contrato de superficie "la concesión de todos los servicios de mantenimiento de las calles de la ciudad".

También indica que mantuvo cuatro reuniones con el primer edil —en su propio despacho—, Alfredo Sánchez Monteseirín, "en las que se trata el asunto de las anomalías en Mercasevilla", manifestando el alcalde "su total desconocimiento acerca de estas anomalías, por lo que quedó en hablar con Marchena para aclarar esta situación".